En un comunicado del alcalde, Pere Lluís, el consistorio ha informado de que los servicios sociales habían atendido a la víctima "teniendo en cuenta sus peticiones y respetando siempre su voluntad".

Al Ayuntamiento le constaba la orden de desahucio y los servicios sociales trabajaron para posponerlo: lo retrasaron hasta el 19 de marzo y emitieron un segundo informe a petición de la mujer para presentarlo al juzgado.

Además, el Servicio Básico de Atención Social intervino "de forma continuada" en este caso ofreciendo recursos y servicios a los que la mujer se pudo acoger.

Los Mossos d'Esquadra acudieron el martes al domicilio de la víctima tras recibir el aviso de la comitiva judicial que la encontró y los agentes comprobaron que la mujer estaba dentro de un vehículo con olor a gas y todo apunta a que se había quitado la vida.

En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó de que el Juzgado de Instrucción 3 de Girona investiga el caso y que el martes procedió al levantamiento del cadáver cuya autopsia está pendiente de practicar.

Inicialmente, el equipo forense no apreció signos de criminalidad que indiquen la participación de otra persona en la muerte de la mujer.

El lanzamiento había sido suspendido en una ocasión anterior y es consecuencia de una sentencia de Primera Instancia del 16 de marzo de 2018 -confirmada por la Audiencia de Girona en junio del año pasado- que estimó la nulidad de un contrato entre una mercantil -no vinculada al sector inmobiliario- y un particular, la víctima.

Este contrato incluía la cesión de uso de la vivienda a la que este martes se ha desplazado la comitiva judicial.