El Juzgado de lo Penal número cuatro de Sevilla ha dejado este martes visto para sentencia el juicio previsto contra el alcalde de Brenes, Marcelino Contreras (Unidad Popular Andaluza, UPAN) y su concejal Rosa Romám, por un presunto delito de prevaricación denunciado por el anterior regidor de la localidad, Manuel Moreno Noa (PSOE), por la entrega de vales a personas del municipio para que los canjeasen por alimentos o medicamentos, supuestamente "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido".

En su escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía relata que de 2006 a 2009, Marcelino Contreras como alcalde de Brenes, -después relevado por Manuel Moreno Noa (PSOE) y de nuevo en el poder desde 2015-, y Rosa Román como concejal entonces encargada del área municipal de Servicios Sociales, entregaron a vecinos de la localidad vales de alimentos y medicamentos a canjear en establecimientos, en concepto de ayudas, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido, sin que tales gastos hubieran sido fiscalizados ni sometidos a supervisión por técnicos del Área del Centro de Servicio Sociales".

En ese sentido, el escrito recoge que un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento llegaba a la conclusión de que la entrega de tales vales "no era conforme a derecho, y pese al conocimiento de ello, Rosa Román seguía firmando los mismos para ser entregados", mientras el alcalde "permitía y consentía la entrega de tales vales".

Así, la Fiscalía apunta además que "un gran número de expedientes" destinados al pago de estos vales se aprobaban sin crédito presupuestario", reclamando tanto para el alcalde como para la edil -actualmente encargada del área de Vivienda- nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público, así como el pago de las costas de la causa, por presunto un delito de prevaricación.

SÍ HABÍA INFORMES "COLECTIVOS"

Marcelino Contreras, de su lado, ha explicado a Europa Press, una vez celebrado el juicio, que si bien es cierto que la entrega de tales vales no contaba con un expediente o informe "individualizado" respecto a cada una de las personas beneficiarias, extremo que ha atribuido a la "falta de recursos" del Ayuntamiento, sí mediaban informes de carácter "colectivo".

Al respecto, ha defendido que "todos" los beneficiarios de los vales eran personas usuarias de los servicios sociales municipales y la entrega de tales vales era precedida de la solicitud de cada vecino y la "evaluación" de los profesionales de los servicios sociales, quienes acreditaban que se trataban de personas "necesitadas, en riesgo de exclusión social o directamente en situación de exclusión social".

"Se evaluaba la situación de estas personas. Seguíamos un procedimiento escrupuloso", ha defendido Marcelino Contreras, avisando de que la causa judicial deriva de una denuncia del socialista Manuel Moreno Noa, simplemente por "ayudar a las

familias necesitadas" del municipio. Así, ha reclamado su absolución, insistiendo en que mediaba un "procedimiento escrupuloso" para la entrega de los vales, toda vez que la Fiscalía ha mantenido su acusación.

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