Hoy se cumplen cuatro años desde los atentados del 11 de marzo de 2004, en los que 191 personas fueron asesinadas. El dolor de ese día, la indignación de las jornadas posteriores, las polémicas de la investigación y la resolución del juicio, hace poco más de cuatro meses, van quedando atrás.

Queda la pena y las secuelas entre las víctimas, aunque el Estado haya tratado de paliarlas, al menos en lo económico. Más de 2.000 afectados por el atentado han recibido ya indemnizaciones.

El Ministerio del Interior ha hecho efectivas 2.260 ayudas a los afectados que han sido reconocidos, un anticipo que asciende a más de 65 millones de euros de los 323 millones que supondrán los pagos fijados por la sentencia de la Audiencia Nacional y que no se harán efectivos hasta que haya sentencia firme.

Pagos parciales

Los familiares de las 192 víctimas (incluido el geo que falleció en Leganés tras la inmolación de los terroristas) han cobrado 220.000 euros de los 900.000 que les corresponden. Estos anticipos están regulados por la Ley de Solidaridad de 1999.

Según ha explicado el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, José Manuel Rodríguez Uribes, también se ha adelantado el pago

Segundo plazo

La segunda fase comenzará cuando, en septiembre, el Tribunal Supremo dicte sentencia firme y se comiencen a pagar las cuantías totales de las indemnizaciones de todos los afectados. La Audiencia Nacional fijó el pasado 2 de noviembre un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones por afectado.

Sin embargo, cuatro años después siguen surgiendo nuevas secuelas. Por mencionar sólo las físicas, se repiten con frecuencia las hernias de disco y los problemas de audición, que se agravan con el tiempo. Desde la Asociación 11-M Afectados por el terrorismo cuentan cómo de las 400 personas tratadas por sus médicos forenses, la mitad tienen muy complicado que se les dé el alta. Quieren lo que les corresponde, aunque el dinero no los sane.

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