El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, en una de las últimas sesiones de la legislatura y por unanimidad de todos los grupos, una iniciativa para reclamar al Gobierno regional y a los ayuntamientos de la Comunidad afectados por las sentencias de derribo una solución "definitiva y efectiva" a este problema a lo largo de 2019.

Con esta proposición no de ley los partidos políticos han 'extendido' el plazo de la declaración institucional que en este mismo sentido recibió luz verde en la Cámara en mayo de 2017, pero con la que se pedía que la situación que viven decenas de familias quedase solventada antes de que terminase el presente mandato.

Así, con la PNL esa salida a los propietarios de viviendas sobre las que pesa sentencia de demolición se traslada a los gobiernos que queden conformados tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo mes de mayo.

El debate, seguido desde el Hemiciclo por representantes y miembros de AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración que engloba al colectivo, ha girado en torno a la máxima de "pasar de las palabras a los hechos", como ha resumido José Manuel Igual, diputado del PP y alcalde de Arnuero, uno de los municipios que padece este "complejo" problema, que se generó hace más de dos décadas en el que hay "muchos intereses en juego" -económicos, judiciales, políticos, ha citado-.

Pero, como ha recordado, "las verdaderas víctimas" son las familias, que son "inocentes", y a las que representantes del Legislativo y Ejecutivo han mostrado su apoyo en un acto al finalizar este debate del punto del Pleno.

Desde la tribuna, el parlamentario y regidor 'popular' ha pedido habilitar fondos y soluciones que eviten la pérdida de patrimonio del colectivo, y que se avancen los planes urbanísticos de los municipios.

Tras recordar que en el suyo se ha puesto en marcha una iniciativa para atajar el problema 'casa por casa', Igual ha mostrado su empatía con el alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, al frente de un Ayuntamiento que tiene que desembolsar todos los meses mil euros por este asunto y "sin comerlo ni beberlo".

El diputado regionalista José Miguel Fernández Viadero ha trasladado a AMA la "solidaridad y afecto" del consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), y ha admitido que "a veces no es fácil" dar soluciones a los problemas. En este caso cree que "no" se ha hecho lo "suficiente" y ha admitido, por tanto, que queda trabajo por hacer.

Y después de opinar que el Parlamento no puede echarse "a un lado" sino que debe "mediar" en una salida, ha evidenciado que con la iniciativa que ha salido adelante se traslada solventar el asunto de la Cámara y el Ejecutivo actual a los que surjan de las urnas.

Pero en 2019 se tiene que "poner fin a vuestro calvario", ha dicho a los afectados.

El portavoz del PSOE Víctor Casal ha centrado su intervención en comparar la situación actual de los derribos con cómo estaba hace años, a través de diferentes cifras, como las viviendas condenadas a la piqueta, los convenios suscritos con los afectados, o las indemnizaciones abonadas y pendientes de pago por daños morales.

Además, ha repasado el estado de tramitación de los diferentes planes generales de ordenación urbana, desgranando los que están aprobados de manera provisional y los pendientes de recibir luz verde definitiva.

Por el grupo mixto, el diputado Alberto Bolado ha lamentado que el de los derribos sea un problema "actual" pese a haberse generado hace "décadas", debido -ha dicho- a la "incapacidad" del Gobierno para solucionarlo, y que a su juicio es algo que pasa por ejecutar las sentencias de derribo e indemnizar a los afectados, que viven una situación "injusta" mientras la administración "se lava las manos". Por eso el ex de Podemos desea una salida "sin más dilación".

Su compañero y portavoz de Cs Rubén Gómez cree que en los últimos cuatro años ha habido "muchas palabras" pero "no suficientes hechos", y ha puesto como "prueba" de ello la PNL aprobada ahora, para solucionar un problema "generado" por las administraciones.

Finalmente, la diputada no adscrita Verónica Ordóñez (Podemos) ha lamentado que siga abierto este asunto "que nos avergüenza", pues si bien se ha "avanzado", no lo ha hecho al "ritmo necesario", de ahí que haya deseado "dar carpetazo" al problema y trabajar para que "Cantabria no vuelva a tropezar con la piedra que nos está condenando".

Esta parlamentaria entiende que los afectados estén "hartos de promesas", y les ha agradecido aspectos como su "paciencia heróica" o su "tono respetuoso", entre otros valores.

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