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Valdecilla EUROPA PRESS - Archivo

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes, con el voto en contra del PP, la moción del PSOE que insta al Gobierno (PRC-PSOE) a llevar a la Fiscalía la cláusula "lesiva" del contrato de colaboración público privada (CCP) de Valdecilla firmada por el anterior gerente, César Pascual, y anulada por un juzgado, que según el Ejecutivo ha supuesto dos millones de euros de perjuicio por no haber podido sancionar durante dos años a la adjudicataria del contrato, Smart Hospital (Ferrovial-SIEC), por incumplimientos.

Al margen del PP, el resto de la oposición ha apoyado la resolución, aunque la han tachado de "postureo y perugrollada" y han considerado "ridículo" que el Gobierno y en este caso el PSOE, que dirige la Consejería de Sanidad, "se inste a sí mismo" a hacer lo que es "su obligación".

La moción aprobada, continuación de la interpelación del PSOE la semana pasada a su consejera, Luisa Real, insta al Gobierno a continuar exigiendo a la empresa concesionaria del CCP de Valdecilla el cumplimiento íntegro de los estándares de calidad y disponibilidad de los servicios que gestiona y a seguir aplicando las deducciones correspondientes por el incumplimiento de los mismos.

"No pasa nada por refrendarlo", ha dicho al resto de portavoces la diputada del PSOE Silvia Abascal, tras subrayar que en esta legislatura se han aplicado deducciones por importe de 2,2 millones, pero "no sabemos si lo hará el próximo gobierno".

La moción también insta al Gobierno a remitir a la Fiscalía la resolución del exgerente de Valdecilla, firmada el 17 de junio de 2015, cuando el gobierno del PP ya estaba en funciones, y también el contrato realizado con la empresa cuyo informe sustenta la resolución.

La consejera de Sanidad, Luisa Real, explicó la semana pasada que la resolución, anulada por el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Santander por ser "lesiva para los intereses públicos", ampliaba el plazo dado a la adjudicataria antes de activar el mecanismo de sanciones, con lo que el Gobierno no pudo aplicarla deducciones entre octubre de 2014 y octubre de 2016.

El portavoz del PP, Iñigo Fernández, ha dicho que el juez ha anulado la resolución "por un defecto de forma" y que "no entra en el fondo del asunto". Ha añadido que "los tribunales anulan decisiones de las administraciones todos los días, lo que no quiere decir que haya delito", y ha subrayado que en este caso, "el juez tiene todo el expediente y no ha dicho dedúzcase testimonio penal", como sí ha ocurrido en algunos contratos de la Consejería de Sanidad en esta legislatura.

La portavoz del PSOE le ha replicado que la sentencia sí entra en el fondo del asunto, y que la resolución se firmó sin los informes preceptivos del servicio jurídico del Servicio Cántabro de Salud.

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