Casi una veintena de colectivos, incluida la patronal hotelera de Las Palmas, pi
Casi una veintena de colectivos, incluida la patronal hotelera de Las Palmas, pi ASCAV

En un comunicado, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) afirma que la nueva norma, en lugar de regular el alquiler vacacional en el archipiélago, "representará el fin de la libertad de empresa, creación de puestos de trabajo y democratización del turismo", al mismo tiempo que va a "dilapidar" la economía de familias y pequeñas empresas.

Así, destaca que el Parlamento ya dio "marcha atrás" la semana pasada a la votación para solicitar informe al Consejo Consultivo -no es vinculante-, y ahora apela a la "coherencia y responsabilidad" de los partidos políticos para no seguir adelante con la proposición de ley, "que iría frontalmente contra los intereses de Canarias".

Ascav valora la unión de tantos colectivos en torno a la defensa del alquiler vacacional, y ve "especialmente llamativo" que se haya sumado la patronal hotelera de Las Palmas.

Además, pone como ejemplo los resultados logrados en Mallorca al aprobar una regulación "similar", que ha generado "daños terribles" a las familias cuyas viviendas vacacionales se cerraron, hasta el punto de generar situaciones de "verdadera pobreza".

"VARAPALO SANGRANTE" A LA HOSTELERÍA

En esa línea, apunta que "a pesar de que desaparecieron el 53% de las viviendas vacacionales en la ciudad, los alquileres siguieron subiendo y aumentando hasta un 25%", y hubo un "varapalo sangrante" a los empresarios de hostelería, con pérdidas de 192 millones en un año a raíz de la bajada de casi medio millón de turistas.

Por ello, Ascav insiste en que en Canarias hay más de 138.000 viviendas vacías que no se están poniendo en alquiler para los residentes y que el déficit de viviendas es de 40.000 viviendas.

"La vivienda vacacional tan sólo representa el 3% del parque total de viviendas en las islas y no puede ser que se la siga culpando del principal causante de la falta y encarecimiento de los alquileres", indica.

En paralelo a esta solicitud a los grupos parlamentarios, se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas que en una semana supera las 10.000.