Lazos amarillos
Lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat. ANTONIO HERREROS

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunar dar un último plazo de 24 horas al presidente de la Generalitat, Quim Torra, para que ordene retirar de los edificios públicos catalanes los lazos amarillos, y le advierte de que en caso de no hacerlo puede incurrir en responsabilidades penales.

Con esta decisión, el máximo intérprete de la legislación electoral desestima el recurso presentado por Torra contra la orden que le había dado la propia JEC la semana pasada para que quitara los lazos amarillos, al considerarlos no compatibles con el principio de neutralidad exigido a las instituciones públicas.

La resolución de la JEC rechaza las alegaciones que la Generalitat había presentado contra la primera orden de este organismo dictada lunes de la semana pasada, cuando la Junta Electoral instó el presidente a retirar el que considera "símbolos partidistas" en un plazo de 48 horas que expiró el pasado miércoles. A sus alegaciones, el Gobierno de Torra aducía que el lazo amarillo no se puede asociar con una formación política concreta.

"Rigurosa neutralidad política"

De nuevo sostiene la JEC que aunque las enseñas independentistas y los lazos constituyen un "símbolo legítimo" que pueden usar los partidos en su propaganda electoral, durante los períodos electorales las autoridades públicas no lo pueden hacer porque deben "respetar" y "mantener" una "rigurosa neutralidad política".

Torra había alegado las dificultades derivadas de la existencia de multitud de edificios públicos que no son propiedad de la Generalitat o no están gestionados por esta institución, pero a juicio de la Junta ello no puede resultar "excusa" para ejecutar la resolución por la que ordenó quitar lazos y "esteladas" en 48 horas. Le recuerda por un lado que "la mayoría" de esos edificios dependen de la Generalitat y por otro que "bastaría con indicar a la JEC" aquellos cuya situación fuera distinta.

De plano rechaza la Junta Electoral Central otro argumento empleado por Quim Torra al invocar el "deber" que tiene el presidente de la Generalitat de respetar la "libertad de expresión de los empleados públicos" porque ese derecho, enfatiza "no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista".

En consecuencia, la JEC reitera el requerimiento que le hizo el pasado 11 de marzo y le concede un nuevo plazo de 24 horas para que ordene retirar las "esteladas" y los lazos amarillos "apercibiéndole de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir si persiste en la desobediencia" a los acuerdos.

Además, requiere a la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, para que informe a la Junta si se ha cumplido su orden dentro del plazo previsto "al efecto de deducir, en su caso, las responsabilidades en las que se haya podido incurrir por no hacerlo".

La JEC ha abordado la cuestión al primer punto del orden del día de la reunión de este lunes, que ha tenido lugar –como siempre- al Congreso de los Diputados. Los magistrados han evitado abrir directamente el camino del expediente sancionador por incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que establece sanciones de 300 a 3.000 euros, a pesar de que previsiblemente abrirán un expediente en los próximos días si Torra mantiene su decisión de no retirar los lazos amarillos.

La Junta Electoral también tiene a su alcance cumplir la advertencia que ha trasladado a Torra y llevar la cuestión a la Fiscalía. Lo haría en el supuesto de que entienda que se está produciendo un delito de desobediencia con el objetivo que el Ministerio Fiscal inicie actuaciones y lleve el caso –si lo considera oportuno- a los tribunales del ámbito penal. Es el caso de la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, que fue inhabilitada por un juzgado de Manresa después de negarse a retirar la estelada de la fachada del Ayuntamiento a las elecciones del 2015.

Esta última vía es la que reclaman tan PP como Cs, que ya han presentado escritos directamente a la Fiscalía porque actúe por la vía penal contra el presidente de la Generalitat por el incumplimiento de la orden en el primer plazo que fijó la JEC, que expiró el pasado miércoles por la tarde.