Fuentes de la AMI consultadas por Europa Press han explicado que, según les consta, han sido demandadas por la Abogacía del Estado el Consell Comarcal del Alt Empordà y el Ayuntamiento de Vilabertran, entre otras.

El alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha explicado en Twitter que también han sido demandados y que el Juzgado contencioso administrativo 3 de Girona ya les ha reclamado el expediente administrativo correspondiente.

El Parlament aprobó en octubre de 2018 una resolución que rechazaba y condenaba "el posicionamiento del Rey Felipe VI y su intervención en el conflicto catalán", ya que consideraba que justificó las cargas policiales del 1 de octubre de 2017.

La iniciativa salió adelante con los votos de los comuns, JxCat y ERC -69 votos-, la abstención de la CUP -4- y el rechazo de PP, PSC y Cs -57- y también reivindicaba los valores republicanos y apuesta por "la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la monarquía".