Dávila y Ortega destacan el anclaje jurídico del REF que avanza en la "igualdad" de canarios con el resto de ciudadanos

  • Los consejeros de Hacienda y Economía del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila y Pedro Ortega respectivamente, han destacado este jueves el anclaje jurídico que se le ha dado al nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), ya que entre los avances que permite subrayan el de la "igualdad" de los canarios con el resto de ciudadanos.
Fernando Clavijo con Pedro Ortega y Rosa Dávila
Fernando Clavijo con Pedro Ortega y Rosa Dávila
ARTURO RODRIGUEZ - Archivo
Fernando Clavijo con Pedro Ortega y Rosa Dávila

Así lo han expuesto ambos durante una intervención conjunta en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) de Canarias sobre 'El nuevo Régimen Económico y Fiscal de Canarias, presente y futuro', y donde el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, resaltó que el 24 de octubre de 2018 fue un "día histórico" para el archipiélago, después de un REF de "más de 20 años y cuatro años" de negociación.

Ortega destacó durante su intervención que el nuevo REF ha nacido de "toda" la sociedad gracias a la participación de los agentes económicos y sociales. Así indicó que la norma "afecta a la vida diaria" de las personas porque, puntualizó, que se han conseguido "algunas importantes mejoras" para las condiciones de vida de los canarios.

En concreto, señaló que la finalidad de la ley "es avanzar en la igualdad del canario con respecto al ciudadano que vive en el continente" porque, dijo, si bien "no" son iguales quienes residen en Canarias a los que se encuentran en la península, sí que se ha "avanzado".

Además, agregó, que la finalidad del nuevo REF también se encuentra en la "internacionalización, el reconocimiento de la RUP" porque la ley es para "cohesionar económica, social y territorialmente a las ocho islas y además se tiene que trabajar para la mejora y competitividad de las empresas".

Para materializar las compensaciones que introduce el nuevo REF para los canarios en cuestiones como los productos industriales o el transporte, afirmó la necesidad de que haya un anclaje jurídico que, dijo, existe.

En este sentido, expuso que si bien la Ley del REF debería ser "garantía suficiente" para su cumplimiento, la misma está apoyada por la Constitución Española, por el Estatuto de Autonomía o por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre otros.

"Nuestro REF está bien anclado en el sistema jurídico español y comunitario. Por lo tanto, los futuros presupuestos que vengan del Gobierno de España, las futuras políticas que vengan de España, tanto financiera como presupuestarias, tienen que tener reconocida las nuevas novedades que hacen que los canarios puedan vivir en mejores condiciones de igualdad sociales, territoriales o que nuestras islas sean más competitivas", apuntilló.

FISCALIDAD CON CARÁCTER SOCIAL

Por su parte, la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, quiso tener un reconocimiento al trabajo realizado por Ortega para sacar adelante el nuevo REF que, en la parte fiscal, se le ha dado "mayor seguridad jurídica" e incluye aspectos "más sociales" como incentivos a la contratación. Este carácter social, dijo, "va a ser fundamental" para que junto al impulso de la economía se vayan generando nuevos empleos y empleos de calidad.

Asimismo, Dávila defendió que no es solo una ley donde se reconocen las singularidades del archipiélago, sino que tiene un anclaje jurídico que "no tiene ninguna otra comunidad" a pesar, lamentó, de que se estén intentando introducir nuevos aspectos fiscales en territorios, que "no" lo tienen reconocido por la UE.

De todos modos, reiteró que el nuevo REF da seguridad jurídica a aspectos que se habían "detectado que generaban ciertas dudas o que tenían ciertas interpretaciones y cuando hay inseguridad las empresas huyen", de ahí que consideró que se ha dado un "gran paso".

En este sentido, y a modo de ejemplo de las dudas que generaba antes la norma y que ahora no, citó como un primer beneficio que se ha producido en este caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la que "reconoce a las empresas plataneras la acumulación de ayudas de incentivos y además lo hace con carácter retroactivo", cuando anteriormente se había interpretado que estas ayudas no las podían recibir.

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