Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera han mantenido este jueves la incompatibilidad en la que incurrió el que fuera jefe del Servicio de Mantenimiento en el Ayuntamiento de Valladolid, Luis Alberto Samaniego, durante los catorce años en los que compaginó dicho cargo con la actividad propia de su grupo de empresas al que adjudicó numerosas obras menores por las que facturó más de 11 millones de euros.

Los peritos de Vigilancia Aduanera, en la tercera jornada del juicio por el 'Caso Samaniego' iniciado el lunes en la Audiencia de Valladolid, son autores del informe relativo a las cantidades que el Ayuntamiento giró a las trece empresas del clan familiar en el periodo investigado, entre 2001 y 2014, con la particularidad, como así han subrayado ambos testigos, de que sobre el entonces jefe de Mantenimiento pesaba desde su acceso al cargo, en 2000, la imposibilidad de compatibilizar dicha función con la desplegada a través de su entramado empresarial.

Ambos peritos, en declaraciones recogidas por Europa Press, han relatado que al investigar la facturación comprobaron que en el periodo 2001-20014 tres empresas vinculadas a Luis Alberto Samaniego, Mantenimiento e Infraestructuras Urbanas, Castellanoleonesa Industrial y Castellanoleonesa de mantenimiento, comenzaron a beneficiarse de la adjudicación de obras, a las que se sumaron otras diez más en el periodo entre 2008-2014 que, a diferencia de las anteriores, carecían de trabajadores y parecía que habían sido creadas "con la única intención de concurrir a concursos públicos".

Es en ese último periodo donde el Servicio de Vigilancia Aduanera, al rastrear la actividad del grupo, comprueba que los únicos ingresos de las últimas creadas llegan procedentes del Ayuntamiento de Valladolid y que parte de los mismos se transfieren desde éstas a las mercantiles principales en concepto, supuestamente, de "pagos por relaciones comerciales" y entre los propios encausados, tanto Luis Alberto como su hijo, Luis Javier, y sus otros dos compañeros de banquillo, Antonio Bernardo Samaniego y el contable, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

Entre las cifras enumeradas, los peritos han hecho referencia a los 227.000 euros recibidos por Luis Alberto como administrador de Castellanoleonesa de Mantenimiento, sin saber precisar el concepto, o la suma de 168.700 percibidos por su hijo, Luis Javier, si bien el defensor de éste, para minimizar el alcance de dicha cuantía, ha recordado que se trata de la suma computada a lo largo de un periodo de siete años, "equivalente a una media de 2.000 euros al mes".

Entre las supuestas irregularidades atribuidas a los cuatro encausados figura la facturación de trabajos no realizados por sus empresas sino por empleados municipales, algo que ha corroborado durante su testimonio el hoy jefe del Servicio de Mantenimiento, Miguel Ángel O.A, quien en su informe emitido sobre trece facturas mantiene que tal circunstancia se produjo en tres de ellas.

El sucesor de Luis Alberto Samaniego se ha mostrado firme al incluir en este capítulo los trabajos de limpieza en una parcela de la calle San Martín de la Cogolla facturados a la empresa Camino Molendor S.L, a pesar de que los mismos fueron ejecutados por personal del Centro de Mantenimiento, así como las tareas de instalación de estructuras metálicas realizadas en unas naves de el Soto de la Medinilla, efectuadas por cerrajeros del mismo servicio pero pagadas a Caleman S.L.Con más dudas se ha referido a unos trabajos de limpieza de escombros en la calle Pavo Real.

FALTA LA CONFORMIDAD

Por su parte, una funcionaria de la Intervención General del Estado, autora de distintos informes sobre 1.319 facturas imputadas a los encausados, ha ratificado las distintas irregularidades observadas en la tramitación, desde 14 contratos que fueron fraccionados sin justificación alguna-tenían que haberse tramitado únicamente como cinco-, la ausencia de conformidad sobre el servicio prestado en otros, la falta de factura en un 60 por ciento de los casos o la inexistencia de documento de aprobación del gasto en el 92 por ciento.

La funcionaria ha censurado la falta de "fiscalización" previa de las facturas por parte del Servicio de Intervención Municipal y, a preguntas de las defensas, ha llegado a indicar que de no haberse dado esta situación sí se habrían podido detectar estas irregularidades.

Aunque el juicio estaba previsto que concluyera este viernes, la prolija prueba pericial supondrá que la vista se prolongue hasta la próxima semana, quizá hasta el martes, día en el que podrían presentarse los informes definitivos.

Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego' por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel-en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público-, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.

El procedimiento contra todos ellos obedece a los supuestos sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.