El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este jueves de que están en juego las decisiones de la cámara catalana y los derechos y libertades de los catalanes: "Se pasan la vida judicializando lo que nosotros debatimos y democráticamente decidimos en el Parlament".

Lo ha declarado a los medios al visitar el Puerto de Tarragona junto a su presidente, Josep Maria Cruset, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, un día después de mantener el lazo amarillo en la Generalitat pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC).

También se ha referido concretamente a la orden de la JEC de retirar lazos amarillos y 'esteladas' de edificios públicos, que él ha decidido mantener alegando libertad de expresión: "Denunciamos un nuevo intento del Estado para limitar y vulnerar uno de nuestros derechos esenciales".

"INDIGNACIÓN" CRECIENTE

Torra ha asegurado que hay una indignación creciente en Catalunya por el juicio del 1-O, ya que defiende que no hubo ningún tipo de violencia ni delante de la Conselleria de Economía ni durante el 1-O.

"El juicio lo sigo diariamente con la indignación de todo ciudadano que vivió aquellas jornadas como la mayoría de todo el pueblo de Catalunya, que vieron que todo lo que se hizo", ha explicado.

El presidente ha destacado que "se aprobaron en el Parlament por mayoría absoluta todas las decisiones que se tomaron: importantísimo".

"Esto nos está haciendo ver que efectivamente lo que está en juego en este país -insisto, no solo en el juicio-, con los lazos amarillos, con la comisión de investigación de la Monarquía, son las decisiones que toma el Parlament", ha razonado.

Y ha añadido: "Es aquí donde tenemos que hacer la política. No la tenemos que hacer en los juzgados y en los tribunales. No la tiene que hacer el presidente de España enviando la comisión de investigación de la Monarquía al TC".

TODO PASA POR EL PARLAMENT

Torra ha insistido en que están en juego las libertades de los catalanes y en que no renunciarán a sus derechos a la autodeterminación, a la libertad de expresión, al derecho de protesta ni al de manifestación.

Ha recordado que asumió su cargo prometiendo obedecer al Parlament, y que éste ya se pronunció sobre los lazos amarillos y las 'esteladas', en referencia al rechazo de retirar los lazos y a la resolución aprobada en 2014 que reconocía la 'estelada' como símbolo de un anhelo de libertad.

También ha defendido que hay centenares de edificios públicos y miles de funcionarios que legítimamente expresan también su protesta y su rechazo a la situación de los líderes independentistas encarcelados o en el extranjero, poniendo lazos amarillos en sus puestos de trabajo: "Nunca limitaré la libertad de expresión de los funcionarios catalanes ni de ningún ciudadano".

Él mismo envió este miércoles un escrito a la JEC protestando por que se exija su retirada y solicitando que lo reconsidere: alegaba que la decisión de la JEC, que le dio un plazo 48 horas que terminaba el mismo miércoles, contraviene una resolución parlamentaria y es una "interpretación subjetiva que no se corresponde con la realidad ni con la voluntad popular expresada" por los representantes de los catalanes.

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