Salvar la vida de miles de inmigrantes en el Mediterráneo puede costarle a Miguel Roldán veinte años de cárcel. Este bombero del Ayuntamiento de Sevilla ha sido acusado de cooperación con el tráfico de personas por la justicia italiana, en lo que él considera una operación para acabar con las ONG que operan en la zona.

Los hechos se remontan a 2017. Aquel mes de junio, este malagueño de 32 años, natural de la localidad de Cuevas Bajas, se embarcó en un proyecto de la organización Jugend Rettet, junto a siete alemanes, una escocesa y un portugués. Durante 22 días, apostados en alta mar frente a las costas de Libia, su cometido fue interceptar a las embarcaciones que salían del país africano con dirección a Europa. En aquellas tres semanas, 14.000 personas intentaron llegar al viejo continente, de las que auxiliaron a unas 5.000. "No éramos un barco de transporte sino de rescate. Nosotros sacábamos a las personas del agua y las pasábamos a buques grandes, de Médicos Sin Fronteras, Save the Children... incluso de los guardacostas italianos o de la armada española. Ellos se encargaban de llevarlos a puerto", explica al otro lado del teléfono. "No hacíamos otra cosa que salvarles la vida. La única salvación que tenían era que una ONG los interceptase. En el momento que sobrepasaban nuestra línea se perdían y el Mediterráneo se los tragaba".

Embarcaciones de una precariedad absoluta, "de juguete", con más de 300 ocupantes, sin elementos de flotabilidad, sin chalecos, rara vez se mantienen a flote para cruzar los cientos de kilómetros que pretenden recorrer. "A ello se suma que son personas que llevan meses cruzando fronteras, sufriendo violaciones, maltratos físicos, hambre... lo que hace que el viaje les resulte mucho más pesado. Recuerdo la situación de un bote pinchado, con gente ahogándose. Les lanzamos los flotadores y no tenían energía para cogerlos. No tenían fuerzas ni para agarrarse a una línea de vida", relata Miguel, el relato de casi un mes de misión que finalizó sin incidentes con las autoridades y que se desarrolló bajo el conocimiento y la regulación del Centro de Control y Coordinación de Roma: "Si ellos no autorizaban la acción, allí no se podía hacer nada".

Por eso resulta sorprendente, "surrealista" en palabras de este voluntario, lo que ocurrió justo un año después, cuando la Policía Nacional le notificó  que en Italia pesa sobre él una acusación por cooperación con el tráfico de personas. La causa afecta igualmente a sus nueve compañeros. Entre todos han contratado a un bufete local. A la ONG le confiscaron el barco, entró en bancarrota, y han tenido que crear una plataforma paralela a través de la que están recaudando fondos. "Los abogados nos van dando algo de información. Nos dicen que no es necesario que nos hayamos lucrado, que por el simple hecho de colaborar en que los migrantes lleguen a Europa somos un eslabón más de la cadena. Pero se ha decretado el secreto de sumario y hay muchas cosas que desconocemos", señala.

La incertidumbre continuará al menos durante meses. Los letrados apuntan que el secreto de las actuaciones no se levantará hasta que acabe la fase de instrucción, algo que estiman que no ocurrirá antes de mediados o finales de verano. A partir de ahí, el juicio podría comenzar a finales de año. Pero son plazos aproximados que podrían variar.

Mientras, el joven reconoce estar asustado. No comprendé qué les ha llevado a tener que enfrentarse a este proceso judicial. Él, que había colaborado en otras misiones humanitarias, era la primera vez que participaba en una en el Mediterráneo, pero otros miembros del operativo sí habían intervenido en actuaciones similares, y siempre sin ningún problema: "No sé qué ocurrió esta vez. Si se debe a que fue la misión durante la que más personas cruzaron... Lo que creo es que quieren terminar con las ONG en el Mediterráneo y lo han conseguido. Si no estamos allí no hay noticia. Y ojos que no ven, corazón que no siente. No sé hasta dónde quieren llegar. No sé si quieren seguir con el escarmiento y meternos en la cárcel. No sé hasta dónde quiere llegar Matteo Salvini". Su temor no es infundado. Desde que el líder de la ultraderechista Liga Norte llegó al ministerio de Interior italiano el país mantiene una política muy dura contra la inmigración.

Este caso recuerda al de Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez, los bomberos sevillanos de la ONG Proem-Aid acusados de tráfico de personas en Grecia y finalmente absueltos. Miguel no conoce personalmente al primero pero sí es compañero y amigo del resto. Su precedente le tranquiliza, pero solo en parte: "Aquello era justicia griega y esto es justicia italiana, son dos gobiernos de ideologías diferentes, y aquello fue una cosa en el acto y esto un año después, algo orquestado. Hay similitudes pero también muchas diferencias que dan miedo ante lo que pueda venir".

Para evitar una condena, la vía diplomática y política también se ha puesto en marcha. El consulado de España en Roma le ha tendido la mano y hace unos días fue recibido por la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y la exconsejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, quienes quieren llevar su caso al Parlamento autonómico. Las muestras de apoyo llegan asimismo desde la sociedad. La ONG Ayuda Humanitaria al Refugiado No Borders ha abierto una campaña en Change.org en la que se invita "al conjunto de la ciudadanía a no mirar para otro lado mientras siguen muriendo miles de seres humanos" y que supera las 136.000 firmas.

Miguel vive malos momentos pero le ayuda sentirse tan respaldado y, con la conciencia tranquila, afirma que volvería a embarcarse en aquel barco de Jugend Rettet. "Lo que peor llevo es tener que estar parado. Soy bombero de vocación y esto es lo que me gusta y lo que quiero hacer. Es mi forma de vida", clama. "Me fui muy orgulloso de mi etapa allí. Soy consciente de que en todos mis años de profesión no viviré una experiencia como aquella. Me fui con la satisfacción personal de haber aportado mi grano de arena, de haber salvado vidas que sin mí no habrían salido hacia adelante".