Miles de padres españoles siguen pendientes a esta hora de la convalidación del decreto ley que aprobó el Gobierno el pasado día 1 en el que, entre otras cosas, se amplía progresivamente la duración del permiso de paternidad.

La norma contempla que este año pasará de cinco a ocho semanas y que para 2021 será de 16, aunque el Congreso de los Diputados debe dar aún su visto bueno. Si todo va bien, el decreto entraría en vigor el próximo 1 de abril; no obstante, Ciudadanos ha planteado a última hora dudas sobre su "constitucionalidad".

El decreto ley es una disposición legislativa "provisional" que el Ejecutivo puede dictar en caso de "extraordinaria y urgente necesidad". Es una fórmula que suele suscitar recelos en la oposición —todos los Gobiernos democráticos han recurrido a ella—, pero que contempla la Constitución en su artículo 86. Es distinta a los proyectos de ley y las proposiciones de ley.

El Gobierno ha utilizado un decreto ley en este caso —así lo justificó— por dos motivos: primero, porque la ampliación del permiso de paternidad iba incluida en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que fueron rechazados en el Congreso; segundo, porque también estaba prevista en la Ley de Igualdad Laboral que el grupo socialista presentó hace meses y cuya tramitación quedó interrumpida por el adelanto electoral.

Los decretos leyes no pueden utilizarse para todo. Según el mismo artículo 86 de la Carta, no pueden afectar a las "instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general".

Tampoco pueden ocuparse, por ejemplo, de los PGE o de autorizar un tratado internacional. Y, además, no pueden regular materias —fuera de las mencionadas anteriormente— de las que se ocupan las leyes orgánicas, porque estas requieren, y así lo dicta su procedimiento especial, una aprobación final con mayoría absoluta en el Congreso en una votación sobre el conjunto del texto.

Según recuerda Ciudadanos, al hilo de lo anterior, el decreto ley del Gobierno supone la modificación de álgunos artículos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres —también de otras normas—. Y esto, argumenta el grupo citando una sentencia del Tribunal Constitucional de 1986, no se puede hacer.

La sentencia de 1986 en la que se apoya Cs se cita en la web de Congreso dentro de la sinopsis del artículo 86 de la Constitución. Pero si acudimos a la sinopsis del artículo 81, el que habla de la "elaboración de las leyes", se explica que otra sentencia del TC ya dijo en 1981 que las leyes orgánicas, en su propio redactado, pueden hacer una mención expresa a aquellos de sus apartados que sí pueden alterarse posteriormente mediante una ley ordinaria.

Es decir: una ley orgánica no es un bloque y algunos de sus apartados, si así se indica (o si lo dice el TC), pueden modificarse por una ley de rango inferior. La Ley Orgánica 3/2007, en su Disposición final segunda, dice que solo las normas contenidas en tres de sus disposiciones tienen carácter orgánico. El resto, no.

Esas tres disposiciones se refieren a modificaciones en la Ley Electoral y en la Ley Orgánica del Poder Judicial y al principio de "composición equilibrada" de hombres y mujeres en las listas electorales. Pero no a otros conceptos regulados en el decreto ley recién aprobado.

El PSOE dice que el decreto ley solo trata contenido "ordinario". Fuentes jurídicas expertas en derecho constitucional consultadas por 20minutos confirman este extremo, insisten en que "es muy evidente" y manifiestan su extrañeza por el cuestionamiento que hacen algunos partidos de algo "tan básico".

El grupo Ciudadanos ha pedido un informe a los letrados de la Cámara para que se pronuncien por escrito sobre la constitucionalidad del decreto ley. Según fuentes del Congreso citadas por EFE, en la reunión celebrada este miércoles por la Mesa de la Diputación Permanente estos letrados ya han dicho que, "a primera vista", no ha lugar.

Y lo han manifestado, según las mismas fuentes, "hasta en tres ocasiones". No obstante, el diputado y vicepresidente primero, José Ignacio Prendes, de Ciudadanos, ha insistido en que hagan un informe y la Mesa lo ha aceptado con el respaldo del PP. Si en ese documento se determinara una "flagrante o palmaria inconstitucionalidad", el decreto correría peligro.

No. Las fuentes jurídicas consultadas por 20minutos explican que la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso "no tiene competencias" para inadmitir un decreto del Gobierno y que "está obligada" a admitirlo. Otra cuestión es la posterior validación, que puede producirse o no. La Diputación solo debería valorar, en todo caso, apuntan, si el decreto ley cumple con la condición de "extraordinaria y urgente necesidad", pero siempre tras la admisión.

La Constitución dice que los decretos leyes "deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso (...) en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación", plazo en el que las Cortes deberán pronunciarse sobre su validación o derogación. Al estar disuelta la Cámara, procede la Diputación Permanente, cuyos trabajos durarán hasta el 20 de mayo, el día antes de la sesión de constitución de las nuevas Cortes. Ciudadanos, por su parte, afirma que la Mesa debe ejercer un control "técnico" y no descarta, por lo tanto, una eventual paralización.

Además, de todo esto, como la situación actual es excepcional, los letrados, precisamente, han abierto la puerta a que los decretos leyes del Gobierno —de momento, hay cuatro en cola, incluyendo el de igualdad—, si así lo piden los grupos, se tramiten como proyectos de ley y puedan ser enmendados —con enmiendas de texto alternativo o parciales—, aunque los plazos sean mucho más cortos de lo habitual. Ciudadanos ya ha avanzado que lo pedirá.