La juez de Instrucción número 8 de Sevilla, María de los Reyes de Flores, ha archivado la causa abierta por las adjudicaciones del Ayuntamiento de Tomares a la sociedad Guerra 21 y otras empresas ligadas a ella entre 2007 y 2014, causa en la que declaró el pasado marzo de 2018 como investigado el alcalde de la localidad, José Luis Sanz (PP), considerando que finalmente "no se aprecian irregularidades con el alcance pretendido y con ello con entidad suficiente para integrar la figura del delito de prevaricación".

En el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada recuerda que remitió exposición de los hechos al Tribunal Supremo "a los efectos de la posible imputación" del alcalde de Tomares dada su condición de aforado por ser senador, pero, "ante la pretendida imputación por delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos, valorando la no existencia en ninguna de las contrataciones de informe o dictamen en contra de los técnicos municipales ni de los habilitados nacionales que han prestado servicios en ese periodo y no apreciando participación directa en la ejecución de los contratos, se declara la falta de competencia de dicho órgano para asumir la instrucción".

Tras ello, varios de los investigados solicitaron el archivo de la causa, emitiendo la Fiscalía un informe instando el sobreseimiento y archivo de dichas actuaciones, lo que ha sido acordado por la juez en un auto fechado el día 5 de marzo y notificado ahora a las partes personadas en el procedimiento, resolución contra la que cabe recurso.

Continuando esa línea, se toma como fundamento jurídico que la intervención de la jurisdicción penal en el análisis deber ser "subsidiaria" y estar limitada "a aquellos casos en los que se aprecia una infracción palmaria de las normas jurídicas, en los que no puede bastar el mero restablecimiento del orden jurídico perturbado a través de la jurisdicción contencioso-administrativa".

La magistrada toma esta decisión "partiendo de lo informado por el Tribunal Supremo con respecto a tales contratos, en los que no se aprecian irregularidades con el alcance pretendido y con ello con entidad suficiente para integrar la figura del delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal -que exige la existencia de resoluciones arbitrarias-, sin que por el Ministerio Fiscal se aprecien indicios sobre la malversación de caudales públicos inicialmente imputada".

"Aún no pudiendo estimarse que no se aprecien claras irregularidades administrativas en dichas contrataciones, no concurrirían los elementos jurisprudencialmente exigidos para su apreciación, extendiendo, tal como informa el Ministerio Fiscal, esta conclusión a todos quienes han sido investigados en las presentes actuaciones y en virtud del principio acusatorio", ha puntualizado la magistrada.

LA CAUSA

La causa se inició a raíz de la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por unos breves informes cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del Gobierno municipal del PP, fue archivada por la juez instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que en 2015, el Tribunal Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra 21, al atisbar un posible delito.

Tal y como recuerda el auto, esta nueva causa se centra en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas -Guerra I-21 Servicios SL, Enunpispas SL, Integral XXI Asesores Sl y Candón & García Asesores SL- supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio -Guerra mantenía relaciones de amistad con el interventor del Ayuntamiento de Tomares, Alfonso Barrios-, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento", para lograr "que el beneficio económico ilegalmente obtenido fuese a parar a" las personas que coincidían en el entramado.

En este aspecto, cabe hacer referencia al escrito de Fiscalía del pasado 14 de julio de 2017, que apunta que "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".

VARIOS INVESTIGADOS

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos un posible delito continuado de prevaricación administrativa, toda vez que en las diligencias estarían investigados, principalmente, los administradores de la sociedad Guerra 21; el concejal de Presidencia, Eloy Carmona; el otrora edil responsable de Hacienda y actual delegado municipal de Juventud, Deportes y Comercio, José María Soriano; el actual concejal de Hacienda, Miguel García de la Rosa; la entonces concejal del PP Mercedes Fuentes; el concejal andalucista Alberto Mercado, quien cogobernó con el PP en el mandato 2007/2011; y la exalcaldesa socialista de Tomares Antonia Hierro.

En cualquier caso, en su escrito la Fiscalía pormenorizaba quiénes firmaron cada uno de los contratos o resoluciones indagadas, atribuyendo al propio alcalde de Tomares la adjudicación de diversos contratos o prórrogas de los mismos sin expediente previo ni "antecedentes administrativos", señalando los "indicios" que pesan en su contra y recordando su aforamiento por su condición de senador.