La Eurocámara aprueba la nueva ley europea de accesibilidad

  • Teléfonos, cajeros, expedición de billetes o servicios bancarios tendrán que ser más accesibles para los 80 millones de europeos con discapacidad.
Venta de billetes de Renfe en una imagen de archivo.
Venta de billetes de Renfe en una imagen de archivo.
EUROPA PRESS - Archivo
En Europa viven unos 80 millones de personas con discapacidad, un número que previsiblemente irá en aumento vinculado al envejecimiento de la población de la mayoría de países de la Unión. Conscientes de esa realidad, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo una norma, ya acordada de manera informal con el Consejo en noviembre, para hacer Europa más accesible para todos.¿Cuánto habrá que esperar para que tengamos esa Europa más accesible, al menos en su normativa?. Pues pueden pasar hasta diez años. Primero debe ser aprobada formalmente y publicada en el Diario Oficial de la Unión, algo que previsiblemente sucederá a lo largo de esta nueva legislativa. Luego, los estados tendrán tres años para adaptar su legislación nacional y osotrs seis para aplicar los cambios.

El Parlamento Europeo ha aprobado con 613 votos a favor, 23 en contra y 36 abstenciones una nueva ley europea de accesibilidad cuyo objetivo es mejorar la vida cotidiana de las personas con discapacidad y los mayores, y fomentar la innovación empresarial para una mayor accesibilidad de todo tipo de bienes y servicios.

Entre los bienes y servicios que habría que hacer más accesibles destacan: cajeros automáticos; máquinas expendedoras de billetes y máquinas de facturación;

ordenadores y sistemas operativos; teléfonos móviles, tabletas y televisiones; servicios bancarios de consumo; libros digitales y los programas asociados;

comercio electrónico y servicios de transporte aéreo, ferroviario, marítimo y por carretera, incluida la información en tiempo real

Esta norma ya había sido acordada de manera informal con el Consejo de Europa en noviembre. Entraría en vigor una vez haya sido aprobada formalmente por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la Unión.

Los estados miembros tendrán tres años para adaptar su legislación nacional y seis años para aplicar los cambios, aunque se contemplan periodos transitorios para casos especiales.

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