El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado es dueño y jefe único de una pequeña empresa que tenía contratado con la empresa Talleres Llaneza el mantenimiento de sus instalaciones. Sobre las 11.30 horas del 4 de febrero de 2016, el acusado acudió con un empleado suto a las instalaciones de Talleres Llaneza, en el Polígono Puente Nora de Lugones (Siero), ya que se le había encomendado que reparase unas goteras en una nave.

Allí, según el relato de la Fiscalía, ambos subieron hasta la altura del tejado con una máquina elevadora. En ese momento el acusado le dio las indicaciones al trabajador, de 46 años en el momento de los hechos, para que accediese al tejado y reparase las goteras con una cinta y un cuchillo, sin hacer uso del arnés del que disponían porque no había lugar donde se pudiera enganchar.

Así, el trabajador cumplió lo ordenado y se dirigió a una zona de las goteras situada en la otra vertiente del tejado, que era a dos aguas, momento en el que el techo de uralita cedió y el trabajador se precipitó al interior de la nave desde una altura de unos nueve metros, al no haber tampoco ningún elemento de sujeción colectiva.

Como consecuencia de esta caída, el trabajador sufrió lesiones, entre ellas numerosas facturas, de las que tardó en curar 354 días y estuvo 70 días hospitalizado. Además, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y le quedaron numerosas secuelas.

El coste de la atención sanitaria dispensada por el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) ha sido abonado. El acusado era el jefe único y por tanto, el encargado de suministrar las medidas de seguridad para sus trabajadores.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores, con un delito de lesiones por imprudencia y solicita que se condene al acusado a 2 años y 3 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de administrador de empresas durante el tiempo de la condena, así como al abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al trabajador con 118.292,46 euros, más los intereses legales correspondientes. De estas cantidades responderá directamente, y hasta la cantidad de 150.000 euros, la compañía aseguradora. De forma subsidiaria, responderá la mercantil del acusado.

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