El secretario general y el interventor del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino Estrada y Rafael Salgado, respectivamente, han asegurado que el que fuera jefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, llegó a confesarles en junio de 2014 que buena parte de las obras menores externalizadas por el Consistorio se las adjudicaba a su grupo familiar de empresas para no tener que despedir a sus trabajadores.

Ambos testigos, en la segunda jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por el denominado 'Caso Samaniego', han relatado que fue la directora del Departamento de Patrimonio del Ayuntamiento, Ana Isabel Page, la que destapó el entramado familiar de empresas de Luis Alberto en mayo de 2014 al percatarse de que todas ellas tenían el mismo teléfono y las mismas personas, con lo que llegó al convencimiento de que "eran prácticamente una".

Valentín Merino, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado que Ana Isabel Page llegó a su despacho "muy alarmada y asustada" y al exponerle el descubrimiento decidieron ambos rastrear en el Registro Mercantil, donde, tras una labor de un par de horas, comprobaron la vinculación de un total de distintas empresas con el entonces jefe de Mantenimiento y, acto seguido, lo pusieron en conocimiento del alcalde.

"Hablamos con Luis Alberto para pedirle explicaciones y enseguida reconoció los hechos, pidió disculpas y nos dijo que lo había hecho por un motivo justo y social ya que con la crisis del sector no quería despedir a sus trabajadores si se producía un descenso en las obras adjudicadas. Dijo literalmente: ¡Yo tengo que mirar por los míos!", ha asegurado Valentín Merino, mientras que el interventor municipal, Rafael Salgado, ha apostillado que el acusado les consultó entonces cómo se podía arreglar la situación. "Le dije que ya no era posible porque nos habíamos colocado en puntos opuestos", recuerda.

Salgado ha incidido en que con carácter previo a este encuentro de junio de 2014, ya en 2013 había dado un "toque" a Luis Alberto Samaniego al detectar una "redundancia" en la adjudicación de obras a una serie de empresas y le pidió entonces que se ampliara "el espectro" de sociedades invitadas.

"PREVALECÍA SU CRITERIO"

Los dos técnicos municipales indican que Luis Alberto Samaniego, jefe de Mantenimiento en el Ayuntamiento de la capital desde el año 2000, vio facilitada la adjudicación de obras a su grupo de empresas, hasta un total de trece, por el hecho de era la persona que hacía y deshacía a la hora de decidir cuáles se ejecutaban con personal propio de dicho departamento, cuáles se externalizaban y a qué mercantiles privadas se ofertaban, dado, en palabras del secretario municipal, que "su criterio prevalecía y era determinante" debido al puesto y conocimientos que tenía.

Ambos testigos veían a Luis Alberto Samaniego como una persona con el cartel de "trabajador cumplidor porque resolvía los asuntos", de ahí que, como así reiteran los dos técnicos, no llegaron a sospechar irregularidad alguna durante los más de catorce años en los que su grupo de empresas se adjudicó obras municipales entre 2000 y 2014 por importe de 11,2 millones de euros.

Aunque el secretario asegura no tener la percepción de que lo ocurrido fuera fruto de un déficit de control en el Ayuntamiento, tanto él como el interventor sí entienden que la situación también pudo facilitarla una serie de "debilidades" descubiertas en 2013 en los procesos de tramitación y adjudicación de los trabajos que ya han sido corregidas a posteriori, entre ellas la falta de presupuesto previo del Ayuntamiento al que se debía de ajustar el trabajo o la no obligación de presentar tres ofertas para obras menores que no superaran los 18.000 euros.

COBRO DE OBRAS EJECUTADAS POR PERSONAL MUNICIPAL

El interventor municipal también ha avalado el informe emitido por técnicos municipales respecto de más de 1.300 facturas imputadas a Luis Alberto Samaniego, por su "carácter independiente, objetivo y absolutamente profesional", en el que se habrían detectado distintas irregularidades en cuanto al cobro por trabajos no realizados, sobrecostes en los mismos o bien por haber sido ejecutados con personal propio del Ayuntamiento pero facturados a favor de empresas del clan familiar.

El juicio entrará este jueves en su tercera jornada con la práctica de la prueba pericial. Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita penas que globalmente suman 35 años de prisión para los cuatro investigados en el 'caso Samaniego' por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa.

En concreto, la acusación pública pide para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel-en el delito continuado de falsedad en documento mercantil le aplica la agravante de prevalerse del carácter público-, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid, como acusación particular, eleva a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y pedía para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebaja las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.