El Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles, con los votos en contra de CC-PNC, PP y ASG, la toma en consideración de las proposiciones de ley de Podemos y NC que planteaban la creación de una renta ciudadana en el archipiélago.

Las dos proposiciones de ley contaban con el informe desfavorable del Gobierno de Canarias por su impacto en el presupuesto autonómico de 2019, lo que afectaría al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha comentado que el 40% de la población canaria está en riesgo de pobreza y un 9% en pobreza severa, y cree que la renta básica de ciudadanía es una herramienta que pondrá a las islas a la cabeza en la búsqueda del bienestar.

Ha dicho que la renta está incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía y lamentado la "falta de compromiso" del Gobierno, con un "veto" a la tramitación de la proposición de ley y una política "asistencialista" para resolver los problemas de las islas.

Santana ha apuntado que la situación "es grave" en Canarias, pues las "tiritas" de la PCI no han ayudado a reducir la pobreza, y ha incidido en el "intento" del Gobierno de que el poder legislativo no trabaje para combatir la pobreza.

Ha negado que la renta básica afecte a los presupuestos autonómicos de este año e indicado que la PCI se ha mostrado "insuficiente", frente a una renta básica que es "un derecho" de los ciudadanos.

La portavoz de la formación morada ha detallado que en la primera fase de despliegue, la renta ciudadana alcanzaría a las 90.000 personas y más de 40.000 hogares -la PCI llega a 16.000 personas-, e incluye a las pensiones más bajas.

Además, la cuantía mensual sería de 720 euros, el 80% del salario mínimo, por los 478 euros de la PCI, que además se limita como máximo a los dos años de vigencia. "La pobreza estructural no se resuelve en dos años", ha destacado.

En total, el presupuesto anual alcanzaría los 200 millones frente a los 60 millones que se destinan a la PCI.

"Si llegamos al Gobierno, la ley de renta ciudadana será la primera en aprobarse", ha garantizado.

Luis Campos, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que se debaten las proposiciones de ley "a pesar del Gobierno de Canarias", que ha tratado de "impedir" el debate en la Cámara, una postura "poco elegante" cuando se trata de una "herramienta fundamental" para combatir la pobreza.

Ha comentado que "no es una ocurrencia" porque se incluyó en el Estatuto de Autonomía ya que la lucha contra la pobreza es "una de las banderas" de su partido, como demuestran los fondos específicos alcanzados en la negociación de los PGE.

Campos ha indicado que el objetivo de la renta es "dignificar" la calidad de vida y que el beneficiario, además, se comprometa a mejorar su cualificación y la búsqueda de empleo, y se dirigirá a las pensiones bajas y las personas en riesgo de exclusión social, más un complemento para los "trabajadores pobres".

EL COSTE DE LA DE NC, 350 MILLONES

Según la propuesta de NC, la renta empezaría por 563 euros hasta llegar a un máximo, de manera progresiva, de 812 euros, con un coste total de 350 millones cuando se encuentre "a pleno rendimiento".

Ha negado que la proposición de ley sea "populista" porque lo que trata es de garantizar un nivel de vida digno, y ha puesto como ejemplo que también serían populista la Constitución, la Carta de los Derechos Humanos o el propio Estatuto de Autonomía, que la reconoce.

Campos ha dicho también que varias Comunidades han implantado rentas de esta naturaleza, por ejemplo el País Vasco, "que no está gobernado por radicales de izquierdas", al tiempo que ha criticado la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones y la bajada del IGIC en Canarias. "Eso sí es populismo", ha agregado.

Al igual que Podemos, ha garantizado que esta ley se aprobará en la próxima Legislatura, pero cree que su admisión a trámite sería "un gesto" de la Cámara a los ciudadanos.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha anunciado el voto en contra de las dos proposiciones de ley porque es "imposible" sacar adelante la ley dado que a final de mes finaliza la Legislatura. ¿"Queremos tramitar algo sabiendo de antemano que no se va a poder llevar a cabo?", se ha preguntado.

Así, ha reclamado un compromiso para que se debata en la próxima Legislatura "con otro arco parlamentario", y recordado que en la ponencia sobre la nueva Ley de Servicios Sociales, ya se está debatiendo sobre la creación de una prestación para personas en situación de vulnerabilidad social.

Ha dicho que a todos los grupos les interesa combatir la pobreza pero "parece" que a algunos "solo les interesa sacar un titular". "ASG no sabe jugar a este juego y no tiene ningún interés en aprender a jugar", ha comentado.

"QUERER ES PODER", DICE EL PSOE

Josefa Luzardo, del Grupo Popular, ha dicho que la proposición de ley de NC es preferible a la Podemos, pero en todo caso, ha remarcado el trabajo de su grupo para combatir la pobreza, por ejemplo, evitando la limitación temporal de la PCI.

Ha lamentado que en 2018, el Gobierno no haya ejecutado toda la partida presupuestaria de la PCI, lo que demuestra que "ha sido un fracaso" porque no ha llegado a todas las personas que lo necesitan y solo ha logrado la inserción laboral de uno de cada cuatro beneficiarios.

Ha apuntado que la nueva Ley de Servicios Sociales debe ser la "hoja de ruta" para el futuro y ha pedido "no vender humo" a los canarios porque "las ideas se deben plasmar en la realidad". "Tenemos un trabajo importante por hacer en la próxima Legislatura", ha explicado.

Teresa Cruz Oval, del Grupo Socialista, ha comentado que "querer es poder", porque ha habido otras leyes en la Cámara "que han salido en veinte días", por lo que se ha posicionado a favor de la tramitación de las proposiciones de ley.

"Basta de mendigar", ha comentado, pues en Canarias se ha tardado hasta seis meses por una ayuda de emergencia social. "Eso es vergonzoso", ha resaltado.

Cruz Oval ha apuntado también que la falta de servicios públicos de calidad "empobrece" a las familias, y criticado que el Gobierno de Canarias no se "responsabilice" del incremento de la pobreza en las islas.

Sobre la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha comentado que hace "muchos anuncios" en las mesas de concertación social pero le lastra la "inacción", lo que ha obligado a dos grupos a presentar dos proposiciones de ley.

LA TRAMITACIÓN ES "IMPOSIBLE"

La diputada socialista ha comentado que la renta básica es "viable" económicamente y "deseable" desde el punto de vista social. "El panorama es desolador y hay que afrontar el reto", ha subrayado.

Elena Luis, del Grupo Nacionalista, ha apuntado que es "imposible" tramitar y aprobar las proposiciones de ley, de ahí que tenga "poco sentido" dar luz verde a la tramitación aunque tengan "buena intención".

Ha apuntado que hay que seguir "buscando fórmulas" para luchar contra la "lacra" de la pobreza, y al igual que PP y ASG, se remite a la futura Ley de Servicios Sociales, que incluye la creación de una prestación económica en un plazo de 18 meses.

Luis se ha opuesto especialmente a la proposición de ley de Podemos, que se asemeja más a una renta universal porque no se condiciona a la participación de un itinerario de inserción social y laboral, y además sin límite presupuestario.

"Que la gente se quede en casa", ha comentado, destacando que se trata de una propuesta "irreal e inaplicable" porque llega hasta los 900 millones anuales y quiebra los compromisos de estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma -y algo más de 700 millones la de NC-.