El PP de Cantabria impulsará, si llega al Gobierno regional tras las próximas elecciones autonómicas, una Ley de Garantías para las personas dependientes para garantizar que éstas tengan que esperar más de 90 días para ser atendidas por causa imputable a la Administración y se compromete a aprobar en el primer año de legislatura la normativa de acreditación de centros y servicios con el "consenso" del sector.

Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta del PP y candidata del partido a la Presidencia de Cantabria, María José Sáenz de Buaruaga, durante una sectorial organizada por el partido con el sector para escuchar sus propuestas antes de cerrar el programa de cara a las elecciones autonómicas del 26 de mayo.

En este foro, celebrado en el Hotel Santemar, Sáenz de Buruaga se ha comprometido también a aprobar en el segundo semestre de este año la cartera de servicios del grado I, con especial atención a los servicios de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, y a poner en marcha "de forma inmediata" la prestación de asistente personal.

También, si llega al Gobierno, el PP realizará en los seis primeros meses un estudio de necesidades de recursos del sistema para la autonomía por zona de servicios sociales para priorizar y planificar de forma quinquenal los proyectos a desarrollar en la comunidad.

"Os propongo y comprometo con vosotros planificación, financiación y gestión", ha resumido Sáenz de Buruaga.

BURUAGA ACUSA A PRC-PSOE DE LLEVAR EL SISTEMA AL "COLAPSO"

Además de plantear algunas de estas medidas, también ha hecho un balance de lo que, a su juicio, han sido estos cuatro años de Gobierno PRC-PSOE que, en su opinión, han dejado a la dependencia en la comunidad en una situación "mucho peor" que al inicio de legislatura.

Así, ha acusado al bipartito de no haber cumplido "uno solo de sus compromisos" con el sector y con los ciudadanos en esta materia y de conducir al sistema a una "situación de colapso".

Por ello, ha anunciado que en el Pleno del Parlamento del próximo lunes, 18 de marzo, el grupo popular presentará una iniciativa sobre dependencia para pedir al Ejecutivo PRC-PSOE, a su juicio "agotado", que "no haga más daño".

Así, le pedirá que no apruebe ni publique "en el tiempo de descuento" la norma de acreditación de centros que, según ha dicho, no se ha consensuado con el sector.

También le instará en esta iniciativa a aprobar en el plazo máximo de un mes y con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2019, la actualización de los precios públicos de lo que paga la Administración a los prestatarios de los servicios.

Además, le pedirá que adapte "de inmediato" el precio púnlico del transporte adaptado al coste del servicio.

"Queremos ayudar a que vuestro sector pueda hacer su trabajo, pero también queremos recuperar vuestra confianza y eso implica mirar hacia adelante. Avanzar hacia el futuro", ha dicho Sáenz de Buruaga a los representantes del sector. "Vosotros no sois enemigos, sino aliados", les ha dicho.

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