Supermercado
Imagen de un hombre en el pasillo de un supermercado. GTRES

 El Parlamento Europeo (PE) a apoyado la primera legislación comunitaria contra los abusos en la cadena alimentaria, que prohibirá prácticas como el retraso en el pago de productos ya entregados, la cancelación unilateral tardía de un pedido o la modificación retroactiva de las condiciones.

La nueva normativa, aprobada con 589 votos a favor, 72 en contra y 9 abstenciones, prohibirá también amenazar a los productores con dejar de consumir sus productos o retrasar los pagos en caso de reclamación.

El objetivo es proteger a los productores frente a las prácticas desleales de las grandes superficies. Con ese objetivo, en el futuro los compradores no podrán solicitar a los agricultores compensaciones económicas en caso de deterioro o pérdida de los productos una vez entregados, a menos que ese deterioro se deba a una negligencia del proveedor o en caso de que queja de los consumidores.

También quedará vetado, salvo que exista un acuerdo previo entre productor y comprador, la devolución de los artículos no vendidos sin pagarlos, obligar a los agricultores a pagar por publicitar sus productos o imponer costes de descuento al proveedor.

La normativa prevé, por otra parte, un procedimiento de reclamación más claro y facilitará a los productores la presentación de esas quejas en el país donde operan. En esos casos, las autoridades nacionales se encargarán de gestionar las denuncias, llevar a cabo las investigaciones necesarias y garantizar soluciones.

Las nuevas normas protegen a los productores con una facturación anual de menos de 350 millones de euros y la protección será mayor para los de menor facturación.

Tras el visto bueno del Parlamento, el Consejo (países UE) deberá ahora adoptar el texto formalmente.

Según cálculos de la Comisión Europea, las pymes agrícolas y dedicadas al procesado de alimentos pierden entre 2.500 y 8.000 millones de euros al año como consecuencia de prácticas comerciales desleales.

En el debate previo al voto de hoy, la eurodiputada del PP Pilar Ayuso, que fue ponente del informe realizado por la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara sobre este asunto, opinó que esta normativa es "un acuerdo muy bueno" porque protegerá sobre todo a los agricultores, que "son el eslabón más débil de la cadena alimentaria".