La Audiencia de Girona ha condenado a 21 meses de cárcel a una funcionaria que trabajaba en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Figueres (Girona) en las renovaciones del DNI y que habría cobrado tasas de manera fraudulenta por un valor de más de 1.000 euros entre 2008 y 2010.

El fiscal solicitaba inicialmente para la acusada una pena de 3 años de cárcel por un delito de fraudes y exacciones ilegales continuado y 5 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Por el tipo de delito, contra la administración pública, la funcionaria debía ser juzgada por el sistema de Jurado Popular pero, como reconoció los hechos, fiscalía y defensa llegaron a un acuerdo para rebajar la pena a 21 meses de cárcel y evitar así que la trabajadora pública se enfrentara a un jurado popular.

La acusada admitió que cobraba una tasa de entre 10 y 10,10 euros a decenas de personas que estaban exentas de pagarla porque renovaban el documento de identidad cuando lo tenían en vigor y, según la sentencia, "incorporaba el dinero a su patrimonio particular".

La resolución recoge que la condenada trabajó desde el 2 de enero de 1991 como funcionaria del cuerpo general auxiliar de la administración general del Estado y estaba destinada a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía de Figueres.