Los siete partidos de las Cortes de Aragón, PP, PSOE, Podemos, Cs, PAR, CHA e IU, se han comprometido este martes con UNICEF a promover la implantación de la gratuidad de la enseñanza de cero a tres años "en un futuro próximo", trasladando este acuerdo al Gobierno autonómico cuando comience la siguiente legislatura.

La presidenta de UNICEF Aragón, Pilar de la Vega, ha firmado, en la Sala del Aljibe del Palacio de La Aljafería, este acuerdo, que supone la renovación del Pacto por la Infancia, rubricado por primera vez en 2014 y al que ahora se han sumado Podemos y Cs, presentes en el Parlamento desde la actual legislatura. Tanto De la Vega como la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, han confiado en que se lleve a término en la próxima legislatura.

Han firmado el acuerdo Barba y De la Vega, así como el presidente del PP Aragón, Luis María Beamonte; el secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa; el secretario general de Podemos, Nacho Escartín; la diputada de Cs Desirée Pescador; el presidente de CHA y consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno autonómico, José Luis Soro; y el coordinador general de CHA, Álvaro Sanz.

Violeta Barba ha destacado que con este acto se suman los dos partidos que no participaron en la firma de 2014 y que este martes "se visibiliza el diálogo y el consenso", esperando que el Ejecutivo regional aplique las medidas recogidas en el pacto.

Ha resaltado que, en Aragón, uno de cada cuatro niños sufre pobreza y ha considerado que "ninguna sociedad democrática puede admitir esta desigualdad", animando a llevar a cabo "soluciones reales" para "superar la falta de oportunidades".

Pilar de la Vega ha indicado que durante los cuatro años de vigencia del pacto se ha realizado "un trabajo serio" a través de la Comisión de seguimiento del Pacto por la Infancia, manifestando que los derechos de la infancia se han incorporado a la agenda política, al comprometerse los grupos políticos.

La presidenta de UNICEF Aragón ha dejado claro que "todos los niños tienen que tener los mismos derechos", observando que en muchos casos las familias no inscriben a sus hijos en la etapa de cero a tres años por motivos "estrictamente económicos", y añadiendo que el acuerdo alude a otros aspectos, como los derechos sanitarios y de otras etapas de la educación. "Pongo voz a quien no tiene voz", ha aseverado.

ACUERDO

En el acuerdo, los firmantes señalan que "la asistencia temprana a la escuela, especialmente en el caso de

los niños que crecen en entornos más desfavorecidos, se traduce en un mejor resultado escolar en los siguientes niveles educativos, e igualmente en la reducción de las tasas de abandono y fracaso escolar, así como en la mejora de las posibilidades de desarrollo adulto, incluyendo sus perspectivas laborales".

Asimismo, se han comprometido a reforzar el carácter inclusivo del sistema educativo, alertando de que en Aragón "la desigualdad entre las familias crece", y algunos niños no pueden tener acceso a servicios como las actividades extraescolares o asumir la compra de uniformes, libros y material escolar compromete la economía familiar.

También han apostado por establecer medidas encaminadas a reducir el fracaso escolar, subrayando que Aragón sufre uno de los peores porcentajes de toda España, especialmente en la Secundaria, emplazando a establecer "un adecuado sistema de apoyos y refuerzos educativos" y "revisar los criterios de repetición a fin de mejorar los datos de idoneidad".

Otra propuesta es conseguir que todos los itinerarios tengan una salida adecuada, de manera que siga bajando la tasa de abandono temprano de los estudios, así como revisar el reparto y la matriculación de los alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de mayor vulnerabilidad a fin de evitar la concentración en centros concretos, subrayando que "la desproporcionada concentración" de estos alumnos en un centro concreto "dificulta el desarrollo curricular adecuado, lo que se termina reflejando en el rendimiento del alumnado y del propio centro".

Asimismo, reforzar la inspección educativa para evitar que los centros sostenidos con fondos públicos establezcan cuotas o aportaciones encubiertas "que supongan un freno para el acceso a estos centros de alumnos que provengan de hogares con menos ingresos", y también establecer itinerarios "claros" de atención a los niños en riesgo de desprotección "con un enfoque más integral".

Los partidos firmantes han abogado por poner en marcha medidas de planificación educativa y de la oferta escolar orientadas por "principios de equidad educativa" ampliando la dotación de recursos a aquellos centros con mayores necesidades.

La renovación del Pacto por la Infancia incluye las recomendaciones de reforzar los mecanismos de prevención mediante programas socio-educativos que favorezcan tanto el refuerzo de la educación en valores como la ocupación positiva de su tiempo libre; intensificar el control del consumo de alcohol en los menores restringiendo su accesibilidad y endureciendo las sanciones económicas contra los establecimientos que permitan su venta y consumo.

Por último, proponen aumentar los programas de educación sanitaria en diferentes ámbitos, como los centros educativos, las organizaciones juveniles y las entidades locales, así como establecer programas de asistencia para el abandono del consumo de tabaco.