El dueño de la finca de Totalán donde murió Julen al caer en un pozo ilegal de 71 metros de profundidad ha recurrido la decisión de la jueza de no investigar la piqueta utilizada durante las primeras horas del rescate y que, según la defensa del único investigado en el caso, causó la muerte del pequeño por golpearle en la cabeza.

La jueza consideró la semana pasada que las pruebas solicitadas por los abogados de David Serrano no son pertinentes y rechazó el informe realizado por un arquitecto por creer que se trata de la opinión de un profesional.

Los abogados de Lawbird Services rechazan estos argumentos y piden que se admitan esas pruebas para no colocar a su cliente en una situación de "clara desventaja", según ha publicado este martes Diario Sur.

Este martes ha declarado como testigo el pocero y su ayudante, así como la persona que realizó la zanja junto al talud que limita con el agujero. Este miércoles será el turno de guardias civiles y del coordinador del rescate, el ingeniero Ángel García Vidal.