La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el contrato corresponde a los trabajos conjuntos realizados por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración de la Consejería destinados a dotar a la Administración Pública en Canarias de un entorno de trabajo interadministrativo para el desarrollo del historial sociolaboral unificado, así como el catálogo de servicios ligados a los ámbitos social y de empleo.

Añadió que se persigue crear un modelo propio para la prestación de servicios, posibilitando el entorno necesario para la gestión unificada de asistencias al ciudadano, consiguiendo una estructura operativa común para las distintas unidades del Gobierno de Canarias y de otras administraciones públicas y privadas que ofertan y gestionan una amplia modalidad de servicios y ayudas.

El sistema recogerá información tanto social como laboral de la personal, así como datos de su unidad de convivencia. Se integrarán datos como la renta o el domicilio familiar, ya que son cuestiones que "marcan de forma determinante la información básica sobre la que construir el modelo operativo de Canarias", y que permitirá crear un perfil "más exacto" de la persona en cuestión, para dar una respuesta acorde a su situación.

Valido defendió que este nuevo modelo de gestión coordinada facilitará el marco de trabajo del sistema público de servicios al ciudadano que inciden en su calidad de vida y, por tanto, su estructuración, ordenación, planificación y gestión, con el soporte de las correspondientes administraciones públicas en materia social y de empleo, pero también en sanidad, vivienda, educación, justicia, igualdad y violencia de género, prestaciones sociales, atención sociosanitaria y cualesquiera otra que se identifiquen en un futuro inmediato.

Además subrayó que facilitará y agilizará la cooperación y acceso interadministrativo a la información, con el fin de que el ciudadano no tenga que ir de una administración o entidad a otra cada vez que necesite solicitar una ayuda o inscribirse en un programa y permitirá hacer un seguimiento global de la asistencia.

Asimismo facilitará la operativa haciendo posible el historial social y laboral unificado la gestión de la futura Renta Canaria de Inclusión, así como la implementación del registro único de entidades y servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo.

Este modelo reducirá los costes a medio y largo plazo de los sistemas de servicios al ciudadano en los ámbitos social y de empleo, a partir de la efectiva redistribución de los recursos aportados por los distintos agentes, primordialmente las administraciones públicas, y su aprovechamiento óptimo.

El texto del anteproyecto de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, en tramitación parlamentaria, introduce este nuevo concepto de colaboración interadministrativa al detallar en su exposición de motivos, apartado III, que "el sistema de servicios sociales funcionará de forma integrada y coordinado en red, de acuerdo con el marco normativo que establece la presente Ley y las disposiciones que la desarrollen (...)".