El nombramiento de Padilla como Premio Nacional de Tauromaquia, en noviembre del año pasado, generó denuncias por parte de partidos políticos -como Podemos, PDeCAT o Pacma-, así como de asociaciones que criticaban que un Ejecutivo socialista pudiera reconocer, no sólo a alguien que "tortura animales en una plaza pública", sino también a alguien que ha exhibido una bandera preconstitucional tras una de sus faenas.

Esta situación se produjo en septiembre de 2017, durante un corrida celebrada en la localidad jiennense de Villacarrillo. Entonces, el diestro aseguró que la bandera no era suya y que la recogió de entre las que le suele lanzar el público al término de su actuación.

En su momento, el Ministerio de Cultura y Deporte ya aseguró que mantendría este premio a Padilla, a pesar de las críticas, y ahora, el Gobierno defiende la decisión tomada por el jurado de estos galardones que, según apunta, "actúan con autonomía bajo criterios objetivos de méritos profesionales y tienen en cuenta la calidad de las obras o actividades culturales realizadas".

UN JURADO A PROPUESTA DEL MINISTERIO

Así lo hace en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado de PDeCAT Sergi Miquel. En ella, Miquel pide explicaciones al equipo de Pedro Sánchez, sobre la compatibilidad de entregar el premio a alguien con este tipo de comportamientos.

En el texto del Ejecutivo, recogido por Europa Press, el Gobierno insiste en que el Premio Nacional de Tauromaquia se concede como reconocimiento a los "méritos extraordinarios de un profesional, entidad o institución en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones" de este sector, o por "su labor en favor de la difusión de los valores culturales de la Tauromaquia".

En la contestación, además, el Ejecutivo precisa que el jurado es designado por el ministro, a propuesta de los directores generales competentes, entre personas de reconocido prestigio en las diferentes categorías en las que se concede el reconocimiento y, preferentemente, entre los que propongan las instituciones academias, corporaciones y asociaciones profesionales.

"Además, forman parte del jurado una persona a propuesta de los centros y/o departamentos académicos dedicados a la investigación desde la perspectiva de género, de forma que quede garantizada al máximo la idoneidad, competencia e independencia de los jurados", apunta el Gobierno.