Este lunes se cumplen quince años del peor atentado terrorista de la historia de España, el del 11-M, en el que murieron 191 personas y resultaron heridas 1.856. Por aquella masacre se condenó a 26 personas. De ellas, 17 están ya en libertad. Es decir, dos tercios de los señalados por la justicia, recoge en un reportaje El Confidencial. Y pronto serán más. Hassan el Haski sale de prisión en junio. De los que quedan en prisión, ocho están encarcelados en España y uno en Marruecos. A estos 26 autores, además, hay que sumar los siete radicales que se inmolaron en Leganés y otros tres que murieron en Irak.

A juicio fueron sometidos 28 sospechosos de los 116 investigados, y condenados fueron 21, si bien el Supremo, un año después, absolvió a cuatro pero condenó a Antonio Toro, absuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional. En total, entre ambas instancias fueron condenadas 22 personas, más cuatro que fueron condenados en Marruecos.

De los ocho presos en España, dos son españoles: uno de ellos es el exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, condenado por suministrar los explosivos a los terroristas, que es además el preso nacional con más años de condena de toda la historia, 34.715, si bien como máximo pasará 40. Desde enero está en la cárcel de La Moraleja, en Palencia, después de que fuera trasladado tras amenazar a un funcionario de la prisión de A Lama, en Galicia, al que le dijo que sabía dónde vivía su mujer. Esto, sumado a las relaciones de Trashorras con los presos yihadistas de la cárcel gallega han motivado que haya vuelto al primer grado, tras haber pasado al segundo en 2013. El otro preso español es Antonio Toro, condenado a cuatro años por haber ofrecido explosivos a los yihadistas del 11-M. Toro tenía otras condenas por tráfico de drogas y exposivos y la Audiencia fijó una condena de 18 años. Saldrá en 2022.

Jamal Zougam, único condenado como autor material y sentenciado a 42.922 años de cárcel, está en la cárcel de Teixeiro, donde la Guardia Civil lo ha relacionado con redes de adoctrinamiento yihadista. Otro culpable con muchos años por delante en prisión es Otman el Gnaoui, condenado a 42.924 años tras ser reclutado por uno de los suicidas de Leganés para transportar los explosivos de Asturias a Morata de Tajuña.

El marroquí Rachid Aglif fue condenado a 18 años de cárcel y saldrá entre 2022 y 2023, al igual que Mohamed Bouharrat, condenado a 12 años y Abdemaljid Bouchar, condenado a 18 años. Este último estaba en el piso de Leganés con los suicidas, pero el cerco policial le pilló bajando la basura y pudo huir. Por último, Hassan el Haski, alias Abu Hamza, condenado a 14 años, saldrá en junio, pero será extraditado a Marruecos, donde tiene una condena pendiente. Se le considera uno de los cabecillas de la red de adoctrinamiento yihadista de las cárceles españolas. Precisamente en Marruecos está preso Abdelilah Hriz, condenado a 20 años en 2008, y que es el primer condenado por Marruecos por un delito cometido fuera del país. Otros tres presos en Marruecos y relacionados con el atentado de manera indirecta, Hicham Ahmidam, Mohamed Behadj y Abdelazziz el Merabet, acaban de cumplir sus penas.

Desde 2017 no se produce una excarcelación de un implicado en el 11-M. Ese año salieron Youssef Belhadj (posteriormente expulsado a Marruecos), Hamid Amidan y Saed el Harrak.

El día del terror

Veintiún minutos antes de las ocho de la mañana tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha. Otras siete lo hacían después en otros convoyes aquel 11 de marzo de 2004, el día de la mayor acción terrorista de España, que inundó de solidaridad el país y también lo sacudió a tres días de unas elecciones.

192 personas fueron asesinadas en los atentados perpetrados por una célula de terroristas de Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 en el que lo hizo frente a la calle Téllez; 65 en el de la estación de El Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales, la última en 2014 tras permanecer en coma diez años. Más de 1.800 viajeros resultaron además heridos.  

Quince años después, nadie duda de que las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y también la ciudadanía respondieron con creces a la mayor emergencia que hasta el momento había sufrido España, un antes y un después en la respuesta a un atentado y en la lucha contra un terrorismo que veíamos lejano, más acostumbrados a combatir a ETA.  

Del 11-M quedarán imágenes colectivas como las de decenas de vecinos en pijama auxiliando a los heridos, autobuses convertidos en improvisadas ambulancias y cientos de ciudadanos que dejaron su trabajo o sus clases en la universidad para donar sangre.  

Pero la masacre yihadista deja para la historia unos días frenéticos también en la escena política. Con la autoría de los atentados difusa en las primeras horas, los partidos suspendieron sus campañas a tres días de la celebración de elecciones generales.

Apenas dos horas después del atentado, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar —Mariano Rajoy era el candidato del PP—, convocaba el gabinete de crisis y al mediodía el ministro del Interior, Ángel Acebes, aseguraba que "no había duda de la autoría de ETA".

Una respuesta que, lejos de diluir la pregunta de "quién ha sido", que se hacían muchos ciudadanos, comenzó a acrecentar la hipótesis yihadista casi al mismo ritmo con el que miles de personas se empezaban a echar a las calles en solidaridad con las víctimas.

El 14 de marzo el candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convertía en el nuevo presidente del Gobierno.