En ambos casos, la máxima responsable de la Fiscalía Superior en Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, ha resuelto reenviar sendas denuncias a las respectivas fiscalías donde supuestamente se han producido los hechos denunciados y, por tanto, de su competencia jurisdiccional, según informan a Europa Press fuentes de El Defensor del Paciente.

En una de las denuncias, la remitida desde Burgos hasta la Fiscalía de Valladolid por el brote de legionella en el Clínico, el Defensor del Paciente exigía conocer si se habían tomado medidas de informar a Medicina Preventiva y aquellas tomadas por la Sanidad de Castilla y León, junto con la depuración de las responsabilidades de quienes están provocado esa situación, por acción u omisión, constitutiva de delito contra la salud pública.

En la otra, derivada a la Fiscalía de Zamora, la asociación presidida por Carmen Flores pedía una intervención urgente ante la noticia de "subcontrataciones de médicos en Zamora sin el MIR o lo que es lo mismo, pacientes en peligro, ya que no tienen el conocimiento ni la preparación para atender a pacientes y lo que es aún peor, se incumple la ley y los que aceptan este contrato están ejerciendo de forma ilegal", lo que, a juicio del colectivo, podría constituir delito de intrusismo.