Según ha admitido al respecto el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, "es cierto" que el Gobierno autonómico incluyó "pocos informes" en la aprobación del primer catálogo de puestos tipo de personal funcionario ya que, según ha aclarado, se analizaron en la comisión de seguimiento de los acuerdos suscritos con los sindicatos en 2015 en una serie de encuentros en los que no se levanta acta lo que motivó que no constaran los informes previos de los que habla el TSJCyL en una sentencia que no es firme y que está recurrida.

Dicho esto, el consejero de la Presidencia ha defendido la necesidad de elaborar un nuevo catálogo de puestos tipo para "normalizar" la situación y actualizar las relaciones de puestos de trabajo que, según ha recordado, no se habían modificado desde hacía más de 20 años, a lo que ha añadido la necesidad de "blindar" el concurso abierto y permanente, un "deseo histórico" de los funcionarios, cuya resolución provisional está "a punto" de conocerse.

"Para nada está paralizado", ha aclarado el consejero de la Presidencia que ha recordado que, tras la actualización de las relaciones de puestos, el pasado mes de octubre se convocaron todas las plazas que no tenían titular -más de 6.000- a concurso de traslados para que los funcionarios de carrera pudieran solicitar el cambio de plaza con más de 5.800 funcionarios que han concursado.

"De casi 6.000 plazas sólo hay 12 bloqueadas", ha aclarado también el consejero de la Presidencia, en referencia a las plazas de letrado suspendidas de forma cautelar.

El objeto del decreto aprobado este jueves es fijar los criterios seguidos para la clasificación de los puestos tipo con un nuevo catálogo de puestos tipo de personal funcionario constituido por una relación de 72 puestos frente a los 81 del catálogo de septiembre de 2017 que, a petición de los sindicatos, ha ajustado una serie de puestos por "pequeñas cuestiones" en las áreas de Empleo y de Cultura que no afectarán "para nada" al concurso de traslados.

El decreto establece el plazo de un mes para que la Junta acomode las relaciones de puestos de trabajo al catálogo aprobado y prevé la revisión del catálogo en el plazo máximo de seis meses para asegurar la adecuación del catálogo de puestos tipo a las necesidades de prestación del servicio público que cambian con rapidez y debe garantizarse que la Administración se ajusta también con rapidez a las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Según ha explicado el consejero, para elaborar el nuevo catálogo se ha partido del estudio de las relaciones de puestos de trabajo, tanto de las que existían en julio de 2017 -más de 17.400 plazas- como de las actuales -16.800-, que se ha negociado "con intensidad" en las seis mesas de negociación celebradas entre los meses de enero, febrero y marzo con el informe favorable del Consejo de la Función Pública.

A esto ha añadido que durante estos meses se ha trabajado con las consejerías, se ha expuesto a trámite de participación en el Portal de Gobierno Abierto donde se han realizado más de 40 aportaciones, se ha sometido a trámite de audiencia e información pública aunque no era una exigencia legal y se ha remitido también a las juntas de personal aunque no tienen entre sus funciones intervenir en la tramitación de estas disposiciones. "El proceso ha sido transparente y muy participativo", ha sentenciado.

Según ha detallado, con el catálogo de puestos tipo se reduce en 274 el número de puestos de libre designación y en 311 las de concurso específico. Con carácter general, todas las plazas con nivel inferior al 26 no tendrán como forma de provisión la libre designación, salvo que sean jefaturas o secretarios de alto cargo y se reducen también las plazas cuya forma de provisión es el concurso específico, que pasan a proveerse por concurso ordinario.

De Santiago-Juárez ha explicado también que el catálogo actual ha mantenido la eliminación de los puestos con niveles mínimos -plazas con nivel 12 y específico 0, por ejemplo-, y mejorado las condiciones laborales de los funcionarios que ocupan esas plazas. Dicho esto, ha admitido que hay colectivos a los que "por miles de cuestiones" no les interesa que salga el concurso, máxime cuando hay más interinos como efecto de los años sin tasa de reposición por la crisis.

"Defendiendo sus legítimos intereses recurren, es lógico", ha admitido el vicepresidente de la Junta y consejero.