El Gobierno ha solicitado este jueves a la Junta Electoral Central (JCE) el archivo o inadmisión de la reclamación interpuesta por el PP, que ha pedido la suspensión de las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros que aprueban "decretos sociales" al considerarlas "electoralistas". Esta ha sido su respuesta a este organismo en la que, además de defender la actuación del Gobierno en periodo electoral y la legitimidad de las ruedas de prensa, ha recordado que los decretos sociales contra cuya difusión ha protestado el PP se produjo antes de la convocatoria electoral para el 28 de abril.

La Secretaría de Estado de Comunicación (SEC) ha elevado este jueves sus alegaciones a la reclamación del PP donde indica que los hechos denunciados se produjeron antes de la convocatoria electoral, el pasado 5 de marzo. Por este motivo, "con carácter previo" a otras consideracionse pide el archivo de la reclamación al considerar que los hechos denunciados por el PP no son de la competencia de la Junta Electoral Central.

Así, solicita que "se proceda al citado archivo o inadmisión porque la reclamación se basa en la exposición de unos hechos que han tenido lugar con anterioridad al periodo electoral y la mera presunción de que, a lo largo de este periodo, tendrán lugar un tipo de actuaciones que no se concretan con el detalle necesario como para que la Junta pueda evaluar las circunstancias concurrentes en ellas antes de adoptar la decisión que se le solicita".

En caso de que no sea así, la SEC enumera tres motivos para defender la legalidad no sólo de las ruedas de prensa, sino de los reales decretos ley que ha venido aprobando en los ya conocidos como "viernes sociales".

En primer lugar, recuerda que la Constitución faculta al Gobierno para aprobar decisiones "durante le periodo electoral".

"La actuación del Gobierno no puede quedar suspendida durante el transcurso del periodo electoral", dice y apunta que esto también "puede conllevar la necesaria aprobación de normas y decretos leyes"

"La crítica política que legítimamente pueda hacerse al contenido de un decreto ley considerándolo 'electoralista' o 'partidista' no puede afectar al ejercicio de la potestad constitucional" del Gobierno.

En relación con las ruedas de prensa al término del Consejo de Ministros, como la que el pasado 1 de marzo dio cuenta de reales decretos leyes de naturaleza "social" que el PP, la SEC las diferencia de los actos de difusión de logros políticos que la ley electoral prohíbe a los poderes políticos una vez que se han convocado las elecciones.

Afirma que la reclamación del PP "no tiene en cuenta las especiales circunstancias que concurren en un acto informativo tan específico como las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, en absoluto equiparables a las campañas de tipo convencional" a las que, según la SEC, se refiere el artículo 50 de la LOREG.

"Su dimensión política es incontestable", añade la SEC sobre las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa que el PP pide suspender, porque se refieren "a la acción política del Gobierno" y nunca se las ha considerado "sospechosas" de "contaminar el proceso electoral".

En cuarto lugar, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, afirma en las alegaciones que firma que la pretensión del PP supone "limitar" el derecho a la información que consagra la Constitución en su artículo 20.