El Ministerio Fiscal sostiene que uno de los acusados era socio único y apoderado de la una sociedad, la empresa a través de la cual consiguió del Ayuntamiento de Oviedo autorización para la instalación y apertura de un club en Santa Marina de Piedramuelle. La sociedad fue dada de baja en la Seguridad Social por el acusado, por no tener trabajadores desde el día 30 de septiembre de 2006.

Sin embargo, el establecimiento seguía funcionando y a su nombre estaban el contrato de la luz, los recibos, el contrato para la instalación del equipo de sonido del año 2011 y el contrato de instalación de las máquinas recreativas del año 2013. Así uno de los acusados pagaba la renta del local a sus propietarios y contrataba a los camareros del local.

En el local se realizaban actividades de alterne y prostitución, de forma que las mujeres atraían a los clientes con consumiciones a un precio elevado, cobrando ellas un porcentaje del mismo.

La otra acusada era copropietaria del negocio, se encargaba de la gestión del establecimiento y tenía a su nombre las liquidaciones por la venta de tabaco y el contrato con la Sociedad General de Autores. Entre sus funciones estaba la de gestionar el personal que trabajaba en el local sin contrato.

El día 16 de abril de 2015, sobre las 13.00 horas, en el curso de una inspección realizada conjuntamente por los miembros de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, junto con miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, se comprobó que en el establecimiento se encontraban trabajando seis personas (un camarero y cinco chicas de alterne), todas ellas sin alta en la Seguridad Social. Dos de ellas carecían además de autorización administrativa para trabajar en España.

La mujer acusada no tiene residencia legal en España.En el momento de redactarse el escrito de acusación de la Fiscalía, el establecimiento estaba cerrado y carecía de actividad.

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 2 años y 6 meses de prisión. A la mujer procede sustituir la pena de prisión correspondiente por su expulsión del territorio español durante seis años.

Por vía de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Seguridad Social con 17.000,18 euros en concepto de cuotas dejadas de ingresar, más los intereses legales correspondientes.