Los juzgados y tribunales españoles recibieron el año pasado 5.991.201 asuntos nuevos (1,5 millones sólo en el último trimestre), lo que supone un incremento del dos por ciento respecto de 2017, motivado especialmente por las subidas de nueve y 6,5 puntos en las jurisdicciones civil y contencioso administrativo, respectivamente, y pese a la reducción del 2,5 por ciento en lo penal. Lo social también creció, aunque un 0,3 por ciento.

Al cierre del año quedaron por resolver 2.609.182 asuntos, lo que significa un incremento del 9,6 por ciento respecto a los temas pendientes en 2017. Mientras, se terminaron 5.780.634 asuntos, un 0,6 por ciento más.

En la jurisdicción Civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2.225.304, con un incremento del nueve por ciento respecto a 2017. En esta jurisdicción se resolvieron 2.014.072 asuntos, un 7,4 por ciento más que en el año 2017, y quedaron en trámite 1.420.310, un 17,7 por ciento más que al final del año anterior.

Destacan en este ámbito, especialmente entre los asuntos sin resolver, las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En cuanto al área contencioso-administrativa, se registraron 208.724 nuevos asuntos, un 6,5 por ciento más que en el año anterior, se resolvieron 210.219 asuntos, un 2,3 por ciento más y quedaron en trámite 188.061, lo que también supone un incremento interanual del uno por ciento.

Creció asimismo la jurisdicción Social, que ingresó 405.945 nuevos asuntos, un 0,3 por ciento más, aunque se resolvieron un 0,8 menos (389.971) que el año anterior y quedaron más temas en trámite, 287.434 asuntos, un 1,8 por ciento más.

La jurisdicción de lo Penal es la única donde se redujo el número de asuntos nuevos. Fueron 3.151.025 asuntos, un 2,5 por ciento menos. Se resolvieron 3.166.203 (3,4 por ciento menos) y quedaron en trámite 713.275 asuntos, un 1,1 por ciento más que en 2017.

Por comunidades autónomas, el CGPJ refleja que la tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes, aunque Canarias (167,5), Andalucía (145,1), Asturias (136,2), Illes Balears (134,2), Cantabria (131,2), Comunitat Valenciana (130,6) y Murcia (130,1) se situaron por encima de la media. En el lado opuesto, La Rioja (88,7), Navarra (93,9) y País Vasco (94,4)

fueron las que menos tasa registraron.