En sendas sentencias dictadas entre diciembre de 2018 y febrero de este año, a las que ha tenido acceso Europa Press, se ha condenado a las entidades financieras y a la aseguradora a abonar las aportaciones que realizaron a las promotoras inmobiliarias así como los intereses legales devengados y las costas de las causas.

Según ha informado 'El Defensor de tu vivienda', los compradores recuperarán el dinero invertido en la adquisición de viviendas a través de la Cooperativa Residencial San Bernardo y Cooperativa Prado Buhaira 2010, en la capital andaluza, y la promotora Cayo Largo, en el municipio sevillano de El Ronquillo, al tiempo que percibirán unas cantidades sujetas a los intereses legales.

En concreto, dos afectados pertenecían a la Cooperativa Residencial San Bernardo quien tenía proyectada la construcción de 20 viviendas para el año 2010 en el centro de Sevilla. Tras las decisiones del Juzgado de primera instancia número 97 de Madrid y del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, la entidad bancaria deberá devolverles un total de 72.282 euros a uno de los afectados, y 58.000 euros al otro perjudicado.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Móstoles (Madrid) ha ordenado a una entidad financiera que abone la cantidad total de 56.845 euros al afectado por la Cooperativa Prado Buhaira 2010, que proyectó la construcción de 50 viviendas de lujo en el centro de Sevilla que deberían haberse entregado en el año 2013.

Por último, el Juzgado de Primera Instancia número 53 de Madrid ha condenado a una aseguradora a pagar un total de 38.065 euros al afectado por la promotora Cayo Largo, quien tenía proyectada la construcción de un total de 49 viviendas para el año 2009 en el municipio de El Ronquillo.

Estas cuatro sentencias, según el despacho de abogados, están basadas jurídicamente en la Ley 57/68, una norma que protegía los derechos de los cooperativistas y compradores de vivienda sobre plano. Esta normativa "exigía a las cooperativas y promotoras contratar un seguro o aval bancario para garantizar la devolución de las cantidades aportadas por los compradores de vivienda en caso de que no se entregasen, como es el caso de Cayo Largo".

Si, por el contrario, no existía dicha garantía, la ley exigía a los bancos verificar que se había contratado el seguro o aval y en caso de no haberlo hecho, "son los bancos los que deberían responder frente a los compradores", según ha precisado 'El Defensor de tu vivienda'.