Así lo ha manifestado el letrado del empresario, que ha abierto el turno de intervenciones para presentar cuestiones previas al tribunal de la Sección séptima de la Audiencia Provincial en Elche, donde se juzga desde este martes las supuestas irregularidades en la contrata de basuras en el Ayuntamiento de Orihuela.

"El fin no justifica los medios, este procedimiento es nulo", ha manifestado la defensa del empresario durante su turno, tras repetir varias veces la afirmación sobre que no había "nada que investigar, nada que comprobar, nada que fuera susceptible de una escucha telefónica" al respecto de las diligencias practicadas al inicio de la causa sobre Fenoll.

Sobre los supuestos pagos de comisiones a las empresas, la defensa ha manifestado que "si los pagos ya estaban realizados, no se iba a reflejar en las escuchas", además de que había servido como "excusa" para abrir un procedimiento paralelo que "estaba para averiguar, y no para demostrar" los supuestos delitos que había cometido Ángel Fenoll de corrupción política, algo que según su defensa "está prohibido".

ONCE DELITOS

En la causa en la que se han investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos en diferentes concursos del Ayuntamiento de Orihuela. Fiscalía solicita en su calificación provisional hasta 37 años y ocho meses de prisión para el que fue empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 para el exalcalde 'popular' José Manuel Medina y ocho para la ex primera edil Mónica Lorente, también del PP durante su mandato.

Esta es una de las causas derivadas del 'caso Brugal', cuya instrucción se cerró en octubre de 2014 tras siete años de investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción acusa a 34 personas, entre ellas, exediles del consistorio oriolano, administradores de empresas y personas del entorno de Fenoll. El fiscal considera que Lorente cometió fraude y prevaricación -por este último delito pide inhabilitación para todos ellos- y Medina además cohecho.

En conjunto considera que los distintos acusados cometieron -con diferente grado de autoría y por distintas personas- fraude, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral, uso de información privilegiada, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios.

Las penas solicitadas oscilan entre los nueve meses por fraude y los más de 37 años que reclama para Ángel Fenoll, que fue quien aportó a Fiscalía una serie de conversaciones en las que se abordaba el concurso público para conseguir el contrato de adjudicación de basuras, por 8,5 millones de euros, que fue lo que permitió abrir la investigación.