La Policía Nacional en una actuación durante el referéndum del 1-O.
La Policía Nacional en una actuación durante el referéndum del 1-O. EUROPA PRESS - Archivo

La jornada del referéndum del 1-O se saldó con ocho votantes detenidos y otros dos investigados por delitos de atentado a la autoridad, por presuntas agresiones a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados para impedir que se celebrara.

Así consta en un informe que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido a requerimiento de la sala segunda del Tribunal Supremo, que le solicitó esos datos después de que así lo plantearan las defensas de varios de los líderes independentistas encausados por el "procés".

En su informe, fechado el pasado 11 de enero, el ministro detalla que la intervención policial del 1-O tenía como fin cumplir con la orden judicial de requisar el material del referéndum "declarado ilegal", pero algunas personas "intentaron impedir físicamente el acceso de la fuerza pública a los locales", por lo que los agentes "tuvieron que salvar esa resistencia para hacer eficaz el mandato recibido".

En consecuencia, añade el escrito, durante la jornada del referéndum se practicaron seis detenciones, todas ellas por delitos de atentado contra agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, por lo que se instruyeron las correspondientes diligencias en los juzgados competentes.

De esos seis detenidos, según el Ministerio de Interior, dos fueron puestos en libertad en dependencias policiales y un tercero pasó a disposición judicial el mismo 1-O, otros dos fueron enviados al juzgado al día siguiente y el último, que era menor de edad, pasó a manos de la Fiscalía de Menores el mismo día del referéndum.

En días posteriores, se detuvo a otras dos personas por atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia, una vez fueron identificadas como autores de las agresiones a agentes que intervinieron para impedir el referéndum: uno fue puesto a disposición judicial y el otro quedó libre en comisaría.

Después del 1-O, también se tomó declaración como investigadas por los delitos de atentado a la autoridad a otras dos personas presuntamente involucradas en agresiones a efectivos policiales que pretendían impedir el referéndum.

En respuesta a otro requerimiento del Supremo, el Estado Mayor del Ministerio de Defensa ha remitido un informe sobre la proporción de armas largas que tienen los Mossos d'Esquadra, en relación con otros cuerpos policiales.

Esa prueba documental fue solicitada por la defensa del exconseller de Interior Joaquim Forn, que pidió saber la cifra total de armas largas del cuerpo, con el fin de conocer "la auténtica capacidad ofensiva de esa fuerza de 17.000 hombres armados que en la querella del Ministerio Fiscal y el auto de procesamiento se describen como uno de los puntales, con capacidad intimidatoria real, del movimiento supuestamente insurreccional".

En su informe, el Estado Mayor detalla que, a 13 de febrero de 2019, la Guardia Civil tiene a su disposición 68.982 armas largas, 28.453 de ellas fusiles, otras 39.546 subfusiles y 983 escopetas, frente a las 1.695 del cuerpo de Mossos d'Esquadra, divididas entre 234 fusiles, 793 subfusiles y 668 escopetas.

Ello equivale, según el informe, a una proporción de 0,86 armas largas por efectivo en el caso de la Guardia Civil y de 0,10 por efectivo en el de los Mossos d'Esquadra.

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