La pareja residía en Gijón desde marzo de 2016. El procesado, desde el inicio de la relación, según el escrito de calificación de la Fiscalía, sometió a la denunciante a continuos desprecios e insultos, en los que le repetía que la iba a matar, que era una loca, una zorra, una puta, una cerda, que estaba vieja, y que sólo servía para ser puta y sin cobrar.

La relación entre la pareja a partir de enero del año 2017, continuando con ese comportamiento de menosprecio hacia la mujer y comenzando las agresiones físicas a la misma. Por otro lado, en la madrugada del 11 al 12 de marzo del año 2017, en el interior del domicilio común, el procesado quiso tener relaciones sexuales con la denunciante, a lo que ésta se opuso. Pese a ello, el procesado insistió y la agredió sexualmente.

Al terminar, la mujer le recriminó lo que había hecho y comenzaron a discutir, si bien finalmente ella se quedó dormida hasta la mañana siguiente, en que decidió abandonar la vivienda familiar y refugiarse en casa de una vecina, desde donde pidió ayuda telefónicamente a una amiga, quien acudió al lugar y llamó a la Policía.

Por auto del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de 14 de marzo de 2017 se acordó una orden de protección a favor de la mujer por la que se prohibió al procesado aproximarse a ella a menos de 200 metros, de su domicilio y de su centro de trabajo, así como comunicarse con ella por cualquier medio. Los gastos para el Servicio de Salud del Principado de Asturias por la asistencia prestada ascendieron a 212,86 euros, cantidad con la que la Fiscalía pide que indemnice al Servicio de Salud del Principado de Asturias en concepto de responsabilidad civil.