La directora general de Interior del Gobierno asturiano, Pilar Alonso, suspendió el pasado martes 26 de febrero una reunión con los miembros del comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en la que también iba a estar presente el director general de Función Pública, José María González.

A pesar de que Alonso dijo a los representantes de los trabajadores que la suspensión se debía a que desde el Principado aún tenían que cerrar algún fleco y que se comprometía a convocar nuevamente la reunión, desde el comité afirman que no saben nada de ninguna nueva fecha. Lo ocurrido ha causado nuevamente malestar en el actual comité

de empresa, que sospecha ser víctima de una maniobra "dilatoria" del actual Ejecutivo autonómico, con el objetivo de que lleguen las próximas elecciones sindicales, en mayo, y poder "colocar a los suyos".

Según información recopilada por Europa Press en el comité, el objeto de la reunión era analizar un estudio que se encargó a la empresa pública Tragsa, que costó unos 30.000 euros y que analizó información de los distintos partes de intervención y los turnos, para la reestructuración del área de intervención.

"Es más de lo mismo, la misma estrategia que ha seguido el PSOE ante este comité de empresa, consistente en dilatar en el tiempo las cosas; pretenden tomarnos el pelo constantemente, es vergonzoso", lamentan los representantes de los trabajadores.

Su intención, señalan desde el actual comité, no es otra que en las próximas elecciones consiga mayoría el "sindicato afín" del actual Gobierno, aludiendo a UGT. "Y con ellos negociarán lo que quieran como quieran", ha dicho. Consideran probable que UGT entre en la representación, porque la mayoría de los miembros de la jefatura en el SEPA son de ese sindicato. Llegan a hablar incluso de "favores" a la hora de incorporar a miembros de la plantilla.

Este mismo lunes está prevista la comparecencia en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Eugenio García, para informar de las medidas que se tomarán desde la gerencia tras el último informe recriminatorio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 11 de febrero de 2019.

Según han explicado desde el comité, Trabajo exige a SEPA que cese a dos jefes de zona porque su designación no fue según lo acordado en el convenio que rige en el organismo.