En declaraciones a Europa Press, ambos partidos han coincidido en que las familias deben asumir las medidas de Salud Pública impulsadas desde la Consejería de Sanidad, ya que no suministrar las vacunas podría poner en peligro al menor y a quienes les rodean. En Galicia, la Xunta ya ha adelantado que su intención es prohibir a los menores no vacunados el acceso a los centros infantiles.

El diputado de Podemos Andrés Fernández Vilanova ha señalado que su grupo es partidario de que los menores acudan a las escuelas con todas las vacunas que financia la sanidad pública. En su opinión, sería "lógico" que las familias asuman las medidas de salud pública impulsadas desde la Consejería de Sanidad, entre ellas el calendario vacunal. Se trata además "de un claro ejemplo de transversalización de la salud o salud en todas las políticas, cómo a través del sistema educativo se fomenta la adherencia a una medida de salud pública", ha explicado.

Desde Ciudadanos, el parlamentario Armando Fernández Bartolomé se ha mostrado favorable a la prohibición y considera que la Ley que regula la posibilidad de forzar la vacunación de un menor en caso de "grave riesgo para salud pública" debería ser modificada y ajustarla a la problemática creciente de los padres que prefieren no vacunar a sus hijos. A su juicio, es necesario legislar al respecto porque, en este caso, "la libertad de los padres tiene que estar supeditada a los derechos del menor".

Para la formación naranja "no cabe duda" de que la prevención de enfermedades mediante las vacunas es "un hito" de la medicina, y ha logrado reducir notablemente la mortalidad infantil. Es por ello que consideran "irresponsable" que, mientras cada año las vacunas "salvan tres millones de vidas", haya quienes en los países desarrollados "impidan" a un niño estar inmunizado.

"La vacunación de un menor no puede depender de una decisión arbitraria de los padres, nadie puede creerse en el derecho de poner en peligro su vida", ha aseverado Fernández Bartolomé. Estas decisiones, ha advertido, no solo pone en peligro al menor y a la sociedad, sino que en casos extremos "puede ocasionar importantes tragedias".

El Principado, por el momento, no contempla entre las directrices remitidas a los Ayuntamientos la obligatoriedad de exigir el calendario de vacunas actualizado, sino que se da libertad a los Ayuntamientos y a los propios centros para exigirla o no. De hecho, son ya gran parte de las escuelas las que piden a los padres el calendario vacunal actualizado, aunque el hecho de no presentarlo no implica la prohibición de acceso al centro.

Izquierda Unida, por su parte, considera que "los antivacunas no son un problema" en Asturias y por ello la diputada Marta Pulgar ha explicado que lo necesario, en lugar de exigir el calendario vacunal, es reforzar los esfuerzos para llegar a la población y concienciar de la necesidad de cumplir el calendario vacunal "como beneficio de protección individual y también colectivo para toda la sociedad". "No creo que deba ser una obligación, no creo que sea el método", ha asegurado.

En opinión de Pulgar, sería necesario "más pedagogía" y potenciar la pediatría en la Atención Primaria, así como en la salud pública y comunitaria. Para la diputada de IU sería más necesario abrir el debate en cuanto a las vacunas sobre la necesidad de "ampliar la cobertura de algunas".