En ese sentido, recordemos que según historiadores como José Díaz Arriaza, la fosa de Pico Reja podría acoger los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936, figurando entre las víctimas miembros de la corporación municipal de la época, algunos alcaldes e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936.

Los resultados de la investigación inicial de aquella fosa, encargada por el Ayuntamiento de Sevilla a la empresa TCA Geomática, están plasmados en una memoria de intervención recogida por Europa Press y que corrobora "tanto las noticias escritas como orales sobre la existencia de la fosa con restos de personas enterradas tras el golpe militar de 1936", pues la fosa en cuestión constituye un depósito "colectivo" de cadáveres enterrados sin ataúdes y sin que la posición de los cuerpos se atenga a "los rituales funerarios habituales".

EXCAVACIÓN INICIAL

Según dicho volumen, dada la localización de restos óseos que corresponderían a un "mínimo" de seis personas en la excavación inicial de la investigación, con indicios de "episodios de violencia" en dos de los casos y en un sondeo superficial de apenas dos metros cuadrados, "es posible mantener las cifras manejadas por Díaz Arriaza" respecto al número de cuerpos que albergaría la fosa, e incluso "aumentarla".

Y es que según se detalla en este libro, tras haber acogido los cuerpos de las personas represaliadas desde el inicio del alzamiento hasta acabar agosto de 1936", la fosa de Pico Reja habría sido "reutilizada en momentos posteriores", pues por ejemplo fue localizado un fragmento de engarce de cristal de Bohemia con la inscripción del nombre oficial de la Segunda República Checoslovaca durante 1938 y 1939.

Igualmente, la memoria de intervención expone que las dimensiones de la fosa "exceden las barajadas a priori" y la misma "sobrepasa el espacio ajardinado que presenta forma de triángulo", toda vez que en paralelo a esta investigación, el Ayuntamiento hispalense ha recogido muestras genéticas de al menos 155 personas susceptibles de contar con lazos familiares con personas represaliadas quizá enterradas en la citada fosa común, para su posterior cotejo con los restos de las víctimas una vez sean exhumadas y lograr así su identificación.

PETICIÓN DE LA NIETA DE UN REPRESALIADO

En ese sentido, aún a la espera de que el Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación y la Junta firmen el convenio de colaboración gracias al cual estas instituciones participarán en el proyecto de exhumación de las personas sepultadas en esta fosa, cuyo coste se eleva a unos 1,2 millones de euros, esta mujer nieta de un funcionario del Consistorio hispalense "ejecutado" tras el alzamiento militar y "posiblemente enterrado en la fosa de Pico Reja" ha elevado un escrito al Ayuntamiento.

En este documento, recogido por Europa Press, esta mujer da cuenta de las múltiples gestiones acometidas a la "búsqueda" de los restos de su abuelo, manifestando que "parecía que el compromiso de la exhumación (de los cadáveres de Pico Reja) en 2018 iba a ser cumplido dicho año, porque al unísono teníamos la misma respuesta en la Oficina Municipal de la Memoria y en la Dirección General" de Memoria Democrática de la Junta, donde según esta persona se trasladaba el mensaje de que "la fosa se abre para su exhumación en 2018".

Pero "lo que parecía un sólido compromiso desde la Alcaldía

es evidente que no se ha cumplido", por lo que esta mujer reclama al Ayuntamiento tener acceso al expediente completo de la intervención acometida en la fosa de Pico Reja al objeto de consultar la documentación, así como "hacer uso del servicio de reproducción" para los documentos del expediente que le sean "necesarios".

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