El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Santander ha acordado la apertura de juicio oral contra los dos voluntarios del banco de alimentos de Camargo imputados por un presunto delito de malversación con los vales de comida. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión para la exsecretaria del concejal no adscrito Marcelo Campos, Jimena González, que fue cesada en noviembre de 2016, tras detectarse las irregularidades.

El Ayuntamiento de Camargo, que ejerce la acusación particular, eleva la petición a 22 meses de cárcel. La Fiscalía también pide que la que fue secretaria del entonces concejal de Servicios Sociales (expulsado de Ganemos y posteriormente del equipo de Gobierno), indemnice al Ayuntamiento por el importe de vales de comida que repartía entre personas no incluidas en la lista de beneficiarios del Banco de Alimentos, a determinar en ejecución de sentencia y cuyo importe oscila "entre 1.000 y 3.000 euros".

Fiscalía y Ayuntamiento piden para la exsecretaria de Ganemos inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años, y multas que oscilan entre los 3.600 euros que pide la Fiscalía a los 5.040 que solicita el Ayuntamiento, según el auto dictado por el juez Luis Enrique García Delgado el pasado 14 de febrero, consultado por Europa Press.

Para el otro voluntario imputado, F.M.P., Fiscalía y Ayuntamiento solicitan seis meses de prisión, inhabilitación de un año y multa de entre 150 y 360 euros. El Consistorio pide además que ambos acusados indemnice conjunta y solidariamente al Ayuntamiento por el importe de vales de comida repartidos irregularmente.

La causa se tramita por el procedimiento de tribunal del jurado, de acuerdo al auto dictado por el juez instructor el 6 de marzo del año pasado, y ya está preparado para elevarlo a la Audiencia para enjuiciamiento, según han informado fuentes judiciales.

El auto de juicio oral, que no es recurrible, relata cómo la secretaria del concejal de Servicios Sociales asumió a su llegada la "supervisión y control total" del Banco de Alimentos, y especialmente el reparto de vales de compra, en el que actuaba como "una especie de jefa de voluntarios a la hora de supervisar las entregas que se hacían a éstos de los vales".

"Era quien de facto -y sin cobertura legal- se ocupaba de repartir los vales entre los voluntarios", relata el auto, pese a que el secretario del Ayuntamiento "advirtió expresamente al concejal y a la acusada de que no podía realizar funciones administrativas de reparto de vales".

Según recoge el auto, en septiembre de 2016, repartió vales a "al menos 14 personas no incluidas en las listas de beneficiarios ni familiares de éstos, y se quedó para sí misma al menos 30 vales", entre otras irregularidades.

Añade que la acusada "cambió el sistema de reparto de vales", lo que hizo imposible controlar qué vales fueron entregados correctamente y cuáles no, si bien se pudo comprobar que en varias compras de finales de septiembre se usaron 8, 10, 12 o incluso 20 vales en una misma compra, cuando el número máximo que se podía repartir por unidad familiar era de cinco.

"El descuadre entre los cheques girados y los beneficiarios que inicialmente puede ser atribuido a la acusada es al menos de 160 bonos" por importe de 10 euros cada uno, lo que hace un total de 1.600 euros. Además, los dos acusados consumieron productos previamente adquiridos con tales vales en una fiesta particular que celebraron en un camping de Valderredible, por importe de 270 euros.

DENUNCIA DE IU

Esta causa deriva de la denuncia del concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Camargo, Jorge Crespo, que puso en conocimiento del juez varios hechos relacionados con los dos investigados y su papel como voluntarios en el banco de alimentos.

La citada denuncia dio lugar a tres procedimientos: uno relacionado con la recaudación de una fiesta solidaria celebrada en Punta Parayas, que terminó por sobreseerse; otro que se siguió por delito leve por la venta de unos palés del banco de alimentos y que culminó con una sentencia absolutoria; y el tercero, relacionado con el uso irregular de los vales de comida, al que se refiere esta causa.

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