Esta encomienda, a la empresa TRAGSATEC por un periodo de tres años, ampliable doce meses más, continúa el trabajo de planificación que desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, con apoyo de la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, se está realizando con los cabildos para actualizar a las diferentes normativas vigentes todo el sistema de gestión de los recursos hidrológicos de las islas, principalmente en los referente a la Directiva europea Marco del Agua.

Esta planificación fue impulsada en 2015, como compromiso de este Gobierno de apoyar a los respectivos cabildos en avanzar en sus documentos de planificación, y continuó en 2017 con la asunción por parte del Ejecutivo autonómico de la redacción y aprobación de los planes hidrológicos de segundo ciclo, cuya tramitación estaba retrasada.

A partir de julio de aquel año, y durante 18 meses, se impulsó su elaboración, que concluyó en enero de este año 2019 con la entrega ante la Comisión Europea de dichos planes de segundo ciclo.

Este trabajo ha servido para de forma paralela avanzar en la redacción de los de tercer ciclo (2021-2025), trabajo que están realizando los cabildos con la colaboración del Gobierno de Canarias, y cuyos documentos iniciales se encuentran ya aprobados por todas las islas.

La encomienda aprobada pretende contribuir con recursos de diferente índole a esta redacción y posterior aprobación de los planes, así como apoyar diferentes iniciativas referentes a la planificación hidrológica como las evaluaciones intermedias del desarrollo de los planes, promover una activa participación pública en el proceso o realizar un seguimiento sobre la calidad de las aguas subterráneas y costeras de las islas.

Todo este proceso de planificación liderado por el Gobierno de Canarias, ha señalado la portavoz, Rosa Dávila, ha dado, además, otros frutos como el protocolo firmado el pasado 4 de diciembre con el Estado, que recoge la voluntad de ambos Gobiernos de establecer una hoja de ruta durante los próximos 12 años con una inversión total estimada por parte del Gobierno del Estado de unos 915 millones de euros.

De este protocolo emanarán tres convenios consecutivos, de cuatro años de duración cada uno, y el Gobierno de Canarias está a la espera de la firma del primero de ellos, de unos 310 millones que comprende 72 obras en todo el archipiélago.