Intervenidas más de 400 joyas falsificadas en dos establecimientos comerciales de la provincia

  • La Policía Nacional se ha incautado de más 400 joyas falsificadas de una conocida marca española, en una operación contra la piratería industrial desarrollada en dos establecimientos comerciales de Sevilla capital y Mairena del Aljarafe donde se estaban comercializando estas piezas de joyería falsificadas, entre, colgantes, pulseras, pendientes y broches.
[Sevilla] Np Más De 400 Joyas Falsificadas De Una Conocida Marca Española Han Si
[Sevilla] Np Más De 400 Joyas Falsificadas De Una Conocida Marca Española Han Si
POLICÍA NACIONAL
[Sevilla] Np Más De 400 Joyas Falsificadas De Una Conocida Marca Española Han Si

En un comunicado, la Policía ha explicado que las investigaciones se desarrollaron para prevenir los delitos contra la propiedad industrial, con el objetivo marcado por los agentes de identificar los diferentes comercios donde se pudieran estar comercializando objetos falsificados, así como las personas que habitualmente se dedican a dicha actividad delictiva.

Enmarcado en este dispositivo contra la propiedad industrial, los agentes establecieron contactos periódicos con los representantes de las marcas más falsificadas, pudiendo detectar que en dos establecimientos comerciales, se estaban poniendo a la venta las referidas piezas de joyería falsificadas.

De este modo, se inició un dispositivo policial en torno a estos dos establecimientos, lo que permitió el pasado día 19 de febrero, que los agentes inspeccionaran estos comercios. Durante esta intervención policial, los agentes procedieron a la intervención de todos los productos de origen ilícito, un total de 245 en el primer establecimiento y 197 en el segundo, ascendiendo a un total de 442 joyas entre colgantes, anillos, pendientes y broches.

Estas operaciones policiales, realizadas por el Grupo de Delitos Tecnológicos y Contra la Propiedad Industrial e Intelectual de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, repercuten positivamente tanto en la actividad comercial de las empresas titulares de los derechos vulnerados, como en el consumidor final, así como en la Hacienda Pública.

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