El precio de los alquileres que ya estén firmado sólo podrá subir lo que suba el IPC cada año de duración de los contratos, según el real decreto ley que ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros que, sin embargo, no establece la creación de un índice de precios para que en casos de subidas abusivas las autoridades públicas puedan actuar limitando los alquileres.

El Gobierno ha aprobado un segundo real decreto ley con medidas sobre vivienda y alquiler después de que el pasado mes de enero Podemos y ERC contribuyeran a que el Congreso rechazara uno previo porque no contemplaba ningún instrumento para limitar los precios.

Este segundo tampoco lo hace. Lo que establece es la previsión de crear en el plazo de ocho meses unos índices de precios de referencia estatales y autonómicos para, en función de ellos, hacer política fiscal. No concreta si de lo que se trataría es de dar incentivos fiscales a los propietarios que renuncien a subir los precios de forma abusiva como ofreció el Ministerio de Fomento y defendía también el PDeCAT, o, a la inversa, fijando recargos para quienes sí lo hagan, como defendía Podemos.

En concreto, el decreto establece que se definirá un "sistema estatal de índices de referencia del alquiler de vivienda" que se utilizará para "hacer un seguimiento del mercado y servir de soporte, en su caso, de medidas de tipo fiscal" y también las comunidades autónomas podrán definir su propio índice.

No obstante, puntualiza que "estos índices ni los que las comunidades o ayuntamientos puedan regular o desarrollar a partir de ellos, en ningún caso habilita a esas administraciones al establecimiento de sistemas de regulación de precios de alquiler".

Para elaborar estos índices de referencia, el decreto estipula la información mínima que el arrendador deberá aportar al depositar la fianza en aquellas comunidades que tengan regulada esta obligación.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha admitido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado este decreto que las medidas "no" terminan con los problemas de vivienda y alquiler. "El Gobierno hace todo lo que puede", ha añadido antes de recordar que en los Presupuestos Generales del Estado había políticas de vivienda "que trascendían con mucho las medidas de este decreto". Este, ha dicho, es "un plan de emergencia, de choque".

A pesar de ello, Podemos ha garantizado este viernes su apoyo cuando el decreto sea sometido a convalidación en la Diputación Permanente que suplirá el Pleno del Congreso cuando el 5 de marzo quede disuelto el Parlamento.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, advirtió hace semanas que el Gobierno no aprobaría un segundo decreto si no tenía garantizado el acuerdo para sacarlo adelante, algo que parece haberse conseguido, dado que el decreto se ha aprobado este viernes, después de que este jueves apareciera y desapareciera varias cosas del índice de acuerdos a tomar por el Gobierno en el Consejo de Ministros.

En el acuerdo presupuestario que firmaron en octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, figuraba un preacuerdo sobre alquiler que incluía una fórmula para limitar precios que después no figuró en el primer decreto que, por ese motivo, contó con una mayoría suficiente para ser rechazado en el Congreso.

Podemos fue determinante para ello y esta semana se ha convertido de nuevo en el principal negociador con Fomento para pactar un decreto que apoyará a pesar de que afirma que "no servirá para pinchar la burbuja del alquiler", según su diputado Rafael Mayoral.

El PDeCAT también ha sido parte activa de los contactos esta semana y el misterio es el PNV, aunque se presupone que estará a favor porque por eso Ábalos ha sometido su segundo decreto al Consejo de Ministros.

Además de topar con el IPC la subida de contratos ya existentes pero no limitar de ninguna forma los nuevos, en el decreto figuran otras novedades con respecto a la ley en vigor, de 2013, que a su vez reformó una normativa anterior.

A partir de ahora, los contratos de alquiler pasarán de tener una duración de tres años a una de cinco o de siete, en el caso de que el  propietario sea una persona jurídica.

Como no hay un límite de precios, sigue sin poder evitarse alquileres muy elevados, pero los contratos que ya estén firmados y negociados con una determinada cuantía no podrán subir cada año de duración más que el IPC. Incluidos los que no estén inscritos en el Registro de la Propiedad, lo que alude directamente a los fondos buitre, que en la actualidad firman contratos con incrementos de precios escalonados.

Por otra parte, el decreto vuelve a la norma anterior a 2013 al obligar a los compradores de un inmueble a respetar los términos de los contratos ya existentes. Esta medida es "necesaria para prevenir posibles prácticas de fondos de inversión que adquieran viviendas arrendadas y decidan no asumir los plazos y condiciones de contratos vigentes", explica al Gobierno en una nota informativa.

La prórroga tácita del contrato se amplía de un año actual a tres años y también el plazo de preaviso para no renovarlo, que pasa de uno a cuatro meses en el caso de que el inquilino no quiera continuar y de uno a dos cuando sea el casero.

Por lo que respecta a los desahucios, el nuevo real decreto amplia de dos a tres meses de suspensión en caso de personas jurídicas y se trata de contrarrestar los desahucios con fecha abierta con "la obligación de señalar día y hora del desahucio". También la "notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales" para que tengan "más tiempo de analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad".

El Gobierno defiende que su decreto "incentiva" la oferta de vivienda porque incluye un "mandato" para "impulsar la oferta de viviendas en alquiler asequible"  y se establece el derecho de adquisición preferente (tanteo y retracto) por parte de las Administraciones Públicas en caso de venta conjunta de un inmueble con arrendamientos.

Asimismo, establece "medidas fiscales" para estimular la oferta:  habilitando el gravamen en el IBI de la vivienda vacía y bonificando en el IBI la vivienda protegida en alquiler.