En estas inspecciones, los agentes han levantado 32 infracciones administrativas a 13 establecimientos de tatuaje y dos almacenes de distribución de tinta en Sant Joan d'Alacant, Elda, Ibi, Elche, Villena y Alicante por el uso de tinta sin homologar y sin control sanitario.

Las personas sancionadas administrativamente son 14 hombres,de entre 48 y 20 años, y dos mujeres, de 37 y 39, todos de nacionalidad española, informa el instituto armado en un comunicado.

Ningún bote estaba correctamente etiquetado, ya que no presentaban factura ni el DUA correspondiente, el Documento Único Administrativo que acompaña necesariamente a todo producto importado o exportado del territorio nacional.

Agentes de la patrulla de fiscal y fronteras (Pafif) de la Guardia Civil de Santa Pola han inspeccionado establecimientos de toda la provincia de Alicante, dedicados a las prácticas del tatuaje, micropigmentación, piercing u otras técnicas similares.

Los análisis se han centrado en verificar que la tinta utilizada en estos establecimientos es la marcada por la legislación española. Los importes de estas 32 infracciones administrativas oscilan entre 6.000 y 30.000 euros de sanción, e incluso podrían conllevar el cese temporal de la actividad comercial.

De hecho, en una de las inspecciones en Elda, los guardias civiles se encontraron a un trabajador que cargaba un vehículo con botes de tinta procedentes de Estados Unidos, todos sin etiquetar y con etiquetas sueltas de una conocida marca de tinta, supuestamente para pegarlas posteriormente a los botes para hacerlos pasar por legales.

Tras ser intervenidos, estos productos irregulares se han puesto a disposición de la administración de Aduanas de Alicante y de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana.

La operación ha finalizado con el levantamiento de un total de 32 infracciones administrativas al Decreto 83/2002 del Gobierno valenciano sobre normas que rigen la práctica del tatuaje, la micropigmentación, el piercing u otras técnicas similares, así como requisitos para la autorización y funcionamiento de los establecimientos donde se practican esta técnicas, sin precinto de los productos y a la Ley Orgánica 6/11 de Represión del Contrabando.