La Unión de Consumidores demandará al Ayuntamiento por no hacer cumplir la ordenanza de consumo

  • Asegura que desde 2004 no se ha abierto ningún expediente sancionador.
  • La UCE presentó denuncias en el Ayuntamiento contra varias empresas.
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El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias-UCE, Dacio Alonso, ha anunciado hoy que la entidad demandará al Ayuntamiento de Oviedo en los tribunales por no cumplir la ordenanza municipal de consumo.

Esta normativa da al Ayuntamiento poder para sancionar a las empresas que realizan prácticas ilegales. Sin embargo, según Dacio Alonso desde 2004 no se ha abierto expediente contra ninguna a pesar de las denuncias interpuestas por la UCE.

Por eso la Unión de Consumidores responsabiliza al Ayuntamiento del sobreprecio que pagan los ovetenses en servicios como la vivienda, el transporte y los aparcamientos públicos y privados.

"En los últimos cuatro años las denuncias presentadas por la UCE se tiraban a la papelera; ahora se archivan con el argumento de que son problemas entre particulares que deben resolver los tribunales y no el Ayuntamiento", ha asegurado Alonso.

Ha destacado que lo más grave de no hacer cumplir la ley es que provoca perjuicios económicos a los ciudadanos de Oviedo.

Dentro de las prácticas abusivas que la UCE atribuye a las empresas, Dacio Alonso denuncia un sobreprecio ilegal en la adquisición de vivienda de 3.300 euros por comprador e inmueble.

La tasa de enganche de agua implica 300 euros más, el impuesto de plusvalía, 1.500 euros, y el de subrogación hipotecaria, otros 1.500. Según Alonso, ninguno de estos debería haber sido pagado po rlos ovetenes.

Explica que la modificación de la ley para que los aparcamientos sólo cobren por el tiempo real estacionado, ha implicado que el primer minuto se cobre hasta cinco veces más caro que los siguientes.

En este contexto ha denunciado la existencia de prácticas abusivas e irregulares en los aparcamientos de Renfe, Foncalada y La Gesta y ha añadido que "en ninguno de ellos el usuario conoce el precio del minuto antes de entrar".

Unos abusos que para la UCE se repiten en las empresas de alquiler de vehículos y en el transporte público, "donde la no pertenencia del Ayuntamiento al Consorcio de Transporte se traduce en una penalización de 300 euros al año a los ciudadanos de Oviedo".

Un ovetense usuario habitual de transporte público paga 25 euros más al mes que cualquier habitante de otro concejo.

LA UCE interpondrá una demanda judicial para que esta indefensión sea corregida haciendo al Ayuntamiento que cumpla la ley, ha dicho Alonso. El presidente de la UCE asegura que el Consistorio apuesta por las empresas "más piratas".

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