La Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha requerido al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera para que deposite a favor de Tragsa 2,2 millones de euros (2.248.092,67 euros) por el proyecto de demolición de la urbanización de Santa Marina (La Revilla), del que ha sido nombrada como ejecutora dicha empresa pública.

Asimismo el Ayuntamiento de San Vicente deberá de nombrar un director facultativo de la obra y coordinador de seguridad y salud y trasladar al Parque Natural de Oyambre toda la documentación del proyecto para que emita el preceptivo informe favorable, según ha informado el Consistorio en nota de prensa.

En el auto se responsabiliza al alcalde, Dionisio Luguero (PSOE) del cumplimiento de dichas obligaciones, contemplando multas coercitivas o ponerlo en manos del fiscal por desobediencia a efectos penales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de San Vicente ya ha nombrado

coordinador de seguridad y ha solicitado auxilio al Gobierno de Cantabria para que designe un director de obra al no contar en su plantilla con personal para ello. Asimismo, ha remitido al Parque Natural de Oyambre, a la Confederación Hidrográfica y a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) el proyecto de demolición para recabar sus preceptivos informes.

Por otra parte, ha remitido escrito al Juzgado señalando la imposibilidad de poder cumplir en el plazo fijado de un mes la entrega de la cantidad requerida de 2,2 millones a favor de Tragsa al no tenerlo contemplado en sus presupuestos del actual ejercicio, para lo cual se va a iniciar, una vez entre en vigor el presupuesto del ejercicio 2019, un expediente de modificación de crédito con dicho fin que "no podrá estar concluido hasta el próximo mes de mayo".

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera señala que esta situación es "consecuencia del largo litigio judicial al que ha estado sometido por el complejo proceso urbanístico" que ha vivido el municipio desde que en el año 1988 se aprobó la Ley por la que se declaró a Oyambre como parque natural, en la que se contemplaba aprobar en el plazo de un año un plan especial que sin embargo tardó más de 10 años en aprobarse.

Mientras tanto, añade, se había aprobado una ley estatal que señalaba que lo que debía de aprobarse era un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que en el caso de Oyambre no se contempló. En 1999 San Vicente de la Barquera aprobó unas nuevas normas urbanísticas en las que se apoyó la aprobación del plan parcial de Santa Marina y el de la urbanización.

En el año 2001 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anula la nueva normativa urbanística de San Vicente de la Barquera, sentencia que fue confirmada en el año 2004 por el Tribunal Supremo, lo que ha provocado también las posteriores anulaciones del Plan Parcial de Santa Marina y del proyecto de urbanización.

Aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Oyambre en el año 2010, el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera redactó un Plan General de Ordenación Urbana que fue definitivamente aprobado en agosto del año 2015, y que contempla de nuevo el suelo urbanizable de Santa Marina.

En agosto del año 2017 se aprobó el proyecto de urbanización con el que se esperar poder legalizar las obras ejecutadas al amparo de las normas urbanísticas del año 1999, posteriormente anuladas por los tribunales.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el pasado 28 de enero las Bases de Actuación del Suelo Urbanizable de Santa Marina a instancias de la mercantil Proequity Desarrollos y Actividades Inmobiliarias S.L., "quedando pendiente la constitución de la Junta de Compensación para que se pueda considerar totalmente legalizadas las obras", algo que "no ha sido posible hasta el momento ya que los tribunales obligan a tener el proceso totalmente terminado", señala el equipo de Gobierno.