Por el contrario, Castilla y León, con un 9,3, y Castilla La Mancha, con un 8,2, y La Rioja (7,1) lideran esta clasificación, que se basa en 14 indicadores sobre la implantación y el desarrollo de la Ley para la Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia: beneficiarios, solicitudes, lista de espera o 'limbo', equilibrio entre prestaciones económicas y servicios, incremento interanual de atendidos, transparencia, información a tiempo real o empleo generado, entre otros aspectos.
A las cuatro autonomías peor valoradas se suma la Comunidad Valenciana (3,5 puntos), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (3,9), Navarra y Cantabria (ambas con 4,2 puntos) y Murcia (4,6). Aprueban con un 5 Extremadura y Aragón, mientras que Galicia obtiene un 5,3, País Vasco un 6 y las comunidades de Madrid y Andalucía logran un 6,7.
"Siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios, tanto encobertura como en modelos de gestión", señalan los autores de este dictamen, que destacan que Andalucía y Cataluña representan el 60% de la lista de "desatención" y además la comunidad catalana tiene a un tercio de las personas dependientes con el derecho reconocido sin prestaciones o servicios. Este último dato contrasta con Castilla y León, donde sólo el 1,6% de los dependientes se encuentra en este "limbo".
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