La moción de los populares denomina a esta Proposición de Ley Orgánica como "normativa antiokupa", exponiendo que la misma busca "combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y bienes y la convivencia social", incluyendo medidas como que la Policía pueda desalojar una vivienda ocupada ilegalmente en un plazo "exprés" de 24 horas sin necesidad de "esperar varios meses" y reforzando además el delito de usurpación para que pase de multas a penas de cárcel de hasta tres años de duración.

Además, amplía la reforma de los procesos civiles aprobada en junio de 2018 para que las personas jurídicas propietarias de viviendas puedan ejercer su derecho con la misma agilidad que las personas físicas a la hora de recuperar la posesión de las casas ocupadas ilegalmente, que no podrán ser consideradas como morada o domicilio.

La propuesta del PP reclamaba no sólo apoyar esta iniciativa legislativa, sino además reclamar a las fuerzas políticas con representación parlamentaria en el Congreso su aprobación, para hacer frente aun "grave problema social y de convivencia" derivado de las ocupaciones de vivienda.

No obstante, sólo el PP ha apoyado la citada moción, tumbada al votar en contra el PSOE, IU y Participa. Por parte de Participa, Julián Moreno ha criticado que el PP apueste por "más represión" frente al problema de la vivienda, preguntando irónicamente a los populares "si trabajan pata Vox o para los bancos" cuyas viviendas son ocupadas por familias a la búsqueda de techo.

IU, de su lado, ha lamentado también la "carrera" del PP hacia "la extrema derecha", pues a su juicio la ley que propone el PP sólo busca "defender a los bancos y los fondos buitre" y facilitar los desahucios promovidos por los mismos sobre las viviendas de su propiedad ocupadas ilegalmente por personas en el marco de las dificultades para conseguir un hogar.

La diputada socialista de Cohesión Social, Asunción Llamas, ha pedido al PP que retirase su propuesta porque en cualquier caso, las Cortes están a punto de ser disueltas dada la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, avisando de que la proposición legislativa del PP contiene medidas que "no caben en la Constitución" y que colisionarían con diversos derechos.

"UN PROBLEMA ACUCIANTE"

El popular Juan de la Rosa, no obstante, ha defendido la propuesta insistiendo en que la ocupación de viviendas constituye "un problema acuciante" ante el cual es necesario "reforzar" la titularidad privada y los derechos de los afectados, lo que le ha llevado a reclamar que esta iniciativa sea retomada en cuanto comience la próxima legislatura.

De otro lado, ha sido aprobada por unanimidad una moción del PSOE "en beneficio de las entidades locales", que demanda a los grupos del Congreso que aprueben "con urgencia cuantas medidas legales sean necesarias que redunden en beneficio de las corporaciones locales", especialmente una nueva ampliación del abanico de conceptos en los que se permite invertir el superávit presupuestario de las mismas o normas para nuevas herramientas para la estabilización del empleo público temporal mediante ofertas públicas de empleo, al no prosperar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

La moción, en su texto explicativo pero no en su parte dispositiva, aboga por acometer tales aspectos por la vía del decreto Ley, toda vez que aunque la propuesta ha sido apoyada por unanimidad, los grupos de oposición han recriminado al PSOE que ante la inminente disolución de las Cortes pretenda agotar la legislatura aprobando medidas mediante decretos ley. Según el PP, el PSOE intenta materializar "tarde y mal" sus compromisos, mientras Participa lamenta que el Gobierno intente acometer justo antes de las elecciones medidas para las que ha tenido "ocho meses".

CANAL SUR

Además, y con la única abstención del PP, ha sido aprobada una moción de IU una moción en respaldo a las movilizaciones convocadas en las plantillas de Canal Sur Radio y Televisión y en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores que plasma el manifiesto titulado "Recuperar la nuestra". Y es que según Engracia Rivera, portavoz de IU, debe prevalecer "el derecho de los andaluces a una información veraz" de lo que sucede en la comunidad autónoma.

La popular María Eugenia Moreno, de su lado, ha apostado por que la RTVA sea "una referencia para los andaluces", pero ha avisado de que no se puede reclamar al nuevo Gobierno andaluz de PP y Cs que "haga en 40 días lo que no se ha hecho en 40 años".

Del mismo modo, ha sido aprobada una propuesta de Participa Sevilla en apoyo a la movilización europea contra el cambio climático que se celebrará el 15 de marzo, siendo no obstante rechazada una moción conjunta de Participa e IU con relación a la "huelga feminista" del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer.