El Ministerio de Fomento está dispuesto a dar incentivos fiscales a los propietarios de pisos en alquiler que renuncien a subir los precios de manera "abusiva". Esta es una de las ofertas que el departamento de José Luis Ábalos ha planteado a Podemos y al resto de grupos con los que negocia en el Congreso de cara a un nuevo decreto de vivienda. Si bien no incluiría un instrumento para que las administraciones públicas limiten el alza de precios, sí permitiría a los propietarios que rechacen hacerlo a cambio de ventajas fiscales.

Qué es un precio abusivo o qué no lo es se establecería a través de un índice indicativo de precios que figura en la propuesta del Gobierno. No serviría para obligar a los propietarios a no elevar los precios por encima pero sí les daría la oportunidad de elegir no hacerlo.

De momento, a Podemos no le gusta la medida porque, según esta formación, contribuiría a mermar los ingresos de los ayuntamiento. Por eso, vería con mejores ojos que, en lugar de premiar la renuncia a subir precios de forma abusiva, se castigara con algún tipo de recargo a quienes sí lo hagan.

Por el contrario, el PDeCAT, otro de los partidos a los que necesita el Gobierno para sacar adelante este segundo real decreto de vivienda, sí está de acuerdo con los incentivos que propone Ábalos.

Esta es una de las ideas que Fomento se ha intercambiado con los grupos para alcanzar un acuerdo que asegure al Gobierno que si lleva un segundo decreto al Congreso esta vez sí se aprobará. Este Ministerio se negó ayer a confirmarlas y se limitó a recordar que no habrá segundo decreto si los partidos no le garantizan que cuenta con una mayoría suficiente para convalidarlo.

Quiere evitar así que el Congreso vuelva a tumbarlo, como sucedió en enero porque Podemos y ERC no admitieron que no se estableciera un índice para controlar precios.

A dos días del Consejo de Ministros que este viernes podría aprobar el decreto, hay consenso para extender la duración de los contratos de alquiler (de tres a cinco años, o siete cuando el propietario sea una persona jurídica) y en que haya un límite al incremento de las rentas vinculado al IPC cada año de duración del contrato.

Aunque en Podemos existen buenas perspectivas de cara al acuerdo, también hay recelos de que, sin un índice de precios que sigue sin figurar en la oferta de Fomento, el tope de precios con el IPC no se aplicará a los nuevos contratos. En ellos el precio estará sujeto a que el propietario quiera o no los incentivos fiscales por no fijar un precio abusivo.

Sí valoran que este tope del IPC obligará a los pisos inscritos en el Registro de la Propiedad y a los que no, incluidos inmuebles en manos de los grandes fondos de inversión.

Sin embargo, esta vinculación al IPC no se aplicará a los contratos que ya existen. Con la nueva duración, de cinco o siete años, los inquilinos que ya tienen un contrato pueden elegir continuar con el que ya tiene o terminarlo y firmar uno nuevo, eso sí, renegociando la renta si lo exige el propietario.

Podemos también echa de menos en el preacuerdo alguna "garantía habitacional" para las personas en situación de vulnerabilidad que sean desahuciadas. El primer decreto del Gobierno contemplaba la suspensión durante un mes los desahucios cuando los servicios sociales determinen que los afectados están en esa situación, pero sin concretar qué solución darles, como en el documento que ahora negocian las partes.

Sí está prácticamente cerrado establecer claramente que el mes de honorarios de la inmobiliaria corra a cargo del propietario del inmueble cuando sea persona jurídica.