La Mesa del Parlamento de Andalucía ha denegado este miércoles la petición de Vox de conocer la identidad de todos los trabajadores destinados en los equipos de unidades de lucha contra la violencia de género entre 2012 y 2019.

Todos los grupos políticos representados en el Parlamento, salvo Vox, además del Gobierno andaluz habían expresado su rechazo a esta petición cursada por el diputado Francisco Serrano, quien argumentó que hay profesionales "no cualificados e ideologizados que influyen" en la decisiones judiciales en esta materia.

La solicitud no ha sido por tanto calificada ni admitida a trámite por la Mesa del Parlamento, que ha tenido en cuenta la posibilidad de que la propuesta colisione con la ley de Protección de Datos, según han confirmado fuentes parlamentarias.

El portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, ha avanzado que su grupo optará por solicitar los datos "de otra manera, pidiendo solo los perfiles profesionales", la titulación y experiencia de los trabajadores, pero sin los nombres. "No puede ser que, según la ley de violencia de género aprobada por esta Cámara, el anterior equipo de gobierno diera la posibilidad de que cualquier funcionario emitiese un informe sobre la violencia de género que fuese luego vinculante respecto a un proceso judicial", ha criticado.

Según las citadas fuentes, durante la reunión de la Mesa el letrado Mayor del Parlamento ha informado a Vox de que podía modificar la propuesta para que fuera admitida a trámite, extremo en el han insistido tanto el PP como Ciudadanos para que fuera calificada, a lo que se ha opuesto el PSOE.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas, ha opinado, sobre el anuncio de Vox de que está dispuesto a "reformular" su petición de los datos de los trabajadores de las unidades contra la violencia machista, que "la cabra siempre tira al monte". También ha criticado la actitud del Gobierno andaluz, cuya respuesta considera "timorata, pusilánime y cobarde" al tratar de "esconderse" detrás de la Ley de Protección de Datos.

Para el portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, es "acertado" que la Mesa de la Cámara haya denegado la petición de Vox de conocer la identidad de los trabajadores y ha dicho que apoyarán otra petición que "cumpla la legalidad".

A su juicio, se debe intentar permanentemente "buscar un equilibrio entre la transparencia, la legalidad y el sentido común" y cree que "no tenía ningún sentido aportar nombres y apellidos" de las personas que realizan ese trabajo. En la polémica ha terciado también la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz (Cs), quien ha advertido a Vox de que "las generalizaciones" al solicitar un listado de trabajadores "no llevan a buen fin".

También ha acusado a este partido de "actuar con brocha gorda" y de "poner en tela de juicio" y "criminalizar a todo un colectivo".

De "impresentables" ha tildado el portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, las peticiones de Vox, de cuyos diputados ha aseverado: "O son unos ignorantes porque no tienen ni idea de cómo funciona el Parlamento, o son muy listos y saben cómo tienen que tocar las teclas para seguir siendo el eje vector del discurso político en Andalucía".