El anteproyecto de Ley de 'Conservación del Patrimonio natural de Euskadi', remitido al órgano consultivo por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, tiene como objetivo la protección, conservación, gestión, uso sostenible, restauración y mejora del patrimonio natural del País Vasco.

Según ha destacado el CES, casi han transcurrido 25 años desde la promulgación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (Ley 16/1994, de 30 de junio), que "fue pionera" en aquel momento, y la ley ha sido modificada en cuatro ocasiones desde entonces. La última modificación fue para facultar la refundición de las modificaciones en un único texto normativo (Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril).

Sin embargo, en este último quinquenio, la Unión Europea ha impulsado un "amplio corpus legislativo", que se ha transpuesto a la normativa básica estatal. Por ello, el CES ve "positiva" esta iniciativa legislativa, en la medida en que pretende "dar respuesta a los actuales problemas, tratando, además, de conseguir un equilibrio óptimo entre la conservación del patrimonio natural y el desarrollo del sector primario vasco y otras actividades económicas".

No obstante, el órgano consultivo vasco recuerda, en su dictamen, que la memoria económica de un anteproyecto de ley debe cuantificar gastos e ingresos, entre otros aspectos. En este sentido, el CES advierte de que la memoria económica del anteproyecto analizado estima los costes, pero "realiza exclusivamente una referencia de conceptos tributarios y medidas genéricas de carácter fiscal" en materia de ingresos.

Por ello, entiende que se deberían realizar simulaciones y estimaciones de los mismos, así como cuantificar los gastos enunciados para otras administraciones forales o locales.

IMPACTO

En esa misma línea, pide una mayor precisión en la evaluación económica del impacto sobre las personas, tanto físicas como jurídicas, que ejerzan actividades agrícolas o ganaderas y sobre los beneficios socioeconómicos de las actividades económicas y recreativas, entre ellas el turismo, que tienen soporte en el patrimonio natural.

Por último, el dictamen propone la inclusión de las Áreas Marinas Protegidas entre los espacios naturales protegidos y la adición de un nuevo artículo en la ley para detallar la naturaleza de estas áreas y su protección especial.